Programa Electoral Utrera 2015

Presentación del Programa Electoral Utrera 2015.

           Pdf de la Presentación.

           Pdf del Programa Electoral Utrera 2015.

“LA UTRERA QUE QUEREMOS”

PROGRAMA ELECTORAL UTRERA 2015.

ÍNDICE:

1. EL AYUNTAMIENTO.

• TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

• ORGANISMOS PÚBLICOS, CONTRATACIÓN, CARGOS PÚBLICOS E INCOMPATIBILIDADES.

• HACIENDA Y ECONOMÍA. TASAS E IMPUESTOS.

• EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL.

• TURISMO: EXPLOTAR NUESTRO POTENCIAL.

2. LA CIUDAD.

• MODELO DE CIUDAD.

• URBANISMO, VIVIENDA Y MOVILIDAD.

• MEDIO AMBIENTE.

• ESPACIOS PÚBLICOS Y MANTENIMIENTO URBANO. PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES.RUIDOS.RESIDUOS.AGUA.

• MOVILIDAD: TRANSPORTE Y COMUNICACIONES.

3. EL CIUDADANO.

• SERVICIOS SOCIALES.

• BIENESTAR SOCIAL. FAMILIA, INFANCIA, IGUALDAD.

• BIENESTAR SOCIAL. DISCAPACIDAD, INMIGRANTES, EDUCACIÓN, JUVENTUD, MAYORES.

• BIENESTAR SOCIAL. PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES, SERVICIOS DIGITALES DE INFORMACIÓN, SEGURIDAD.

4. SOCIEDAD DE VECINOS.

• ARTE Y CULTURA.

• PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

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¿QUÉ ES UPyD?

Las próximas elecciones municipales a las que estamos llamados en mayo de 2015, además de constituir la oportunidad de avanzar en la solución de los problemas y necesidades concretas de cada municipio, son decisivas para establecer las bases de la regeneración democrática y un futuro político en España que defienda la Igualdad, así como los Derechos y Libertades individuales de los ciudadanos.

Cuando se fundó Unión Progreso y Democracia en 2007, la regeneración democrática se constituyó como la razón de nuestra existencia y el objetivo de nuestro trabajo. Así ha sido durante estos siete años y medio y así seguirá siendo, pues el trabajo realizado confirma que es posible convertir en el centro del debate político aquellas propuestas regeneradoras que, antes de existir UPyD, parecían imposibles de plantear.

Desde las últimas elecciones municipales de mayo de 2011, UPyD cuenta con 151 concejales y 1 alcaldesa en 94 municipios de 24 provincias en 11 comunidades autónomas, además de representación en el Congreso de los Diputados, el Parlamento Europeo y en Asambleas y Parlamentos autonómicos como Madrid, Asturias o País Vasco. Todos ellos ciudadanos y ciudadanas implicados en la regeneración democrática que, tras ser elegidos en primarias, obtuvieron la confianza de cientos de miles de ciudadanos a los que ahora representan en las instituciones con propuestas para acabar con los privilegios de los cargos públicos y de los partidos políticos, a favor de la transparencia y la lucha contra la corrupción, de la racionalización de las administraciones y el gasto público, de reforma constitucional y de la ley electoral, por la independencia de la justicia, la mejora de la educación y de la política económica y laboral, y para solucionar los dramas consecuencia de la crisis, como los desahucios o el catastrófico aumento del desempleo y de la pobreza.

Nuestros representantes han renunciado a las prebendas que consideramos privilegios o recursos superfluos y desmesurados y hemos rechazado la participación en gobiernos de cualquier nivel. Hemos renunciado a puestos en los Consejos de entidades en las que, según pensamos, no debe haber representantes de partidos políticos, como son los de empresas públicas, entidades financieras o medios de comunicación públicos.

UPyD ha sido el único partido político que ha llevado ante la Justicia el saqueo y ruina de las Cajas de Ahorros, como Caja Madrid o Caja Granada, la emisión masiva y engañosa de preferentes o las tarjetas black querellándonos contra Bankia. Nos hemos personado como acusación en los escandalosos casos de corrupción de los ERE irregulares o el caso UGT Andalucía, entre otros.

Además, UPyD es el partido más transparente según las principales organizaciones independientes de supervisión y medición de transparencia, como Transparencia Internacional, que la calificó con sobresaliente frente al suspenso casi generalizado del resto de partidos, o la Fundación Compromiso y Transparencia o El Nuevo Lunes que han premiado la transparencia informativa y los contenidos de la web de UPyD.

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¿POR QUÉ ES NECESARIO NUESTRO PARTIDO?

Los dirigentes de las instituciones democráticas españolas, no han estado a la altura de sus obligaciones en la grave crisis económica y ésta ha destapado otra crisis aún mayor y con consecuencias más peligrosas: la crisis social y política. Nuestra democracia ha degenerando en un bipartidismo imperfecto donde PSOE y PP se alternan en el poder, en ocasiones con el apoyo nacionalista a cambio de nuevas concesiones a sus interminables exigencias, alejada de las necesidades e intereses de los ciudadanos, lo que nos ha traído a un sistema corrupto que ha sido diseñado y creado ex profeso por los viejos partidos políticos y sindicatos o patronales afines, las Cajas de Ahorros y las empresas amigas, y los grupos de comunicación comprometidos con unos y otros.

Por este motivo, los partidos políticos y la llamada “clase política” son vistos, por la mayor parte de la sociedad, como uno de los principales problemas y el origen de muchos de los males que nos azotan a los españoles. Sin duda, la carencia de propuestas y actuaciones políticas dirigidas a la consecución de un Estado de bienestar sostenible, a la garantía de la inversión necesaria en Educación, Investigación, Sanidad y Servicios Sociales fundamentales, a la racionalización del de las administraciones públicas, a la eficiencia y transparencia de las Instituciones públicas o a la lucha contra la corrupción y su prevención, hacen indispensable la presencia del proyecto regeneracionista de UPyD en los ayuntamientos españoles.

1. a) La necesidad de un partido regeneracionista, ahora más que nunca.

UPyD aspira a representar en las instituciones a todos los ciudadanos que quieren regenerar las reglas de la democracia, sin recurrir a atajos irresponsables, a discursos populistas, ni a tentaciones anti-sistema. Por esa razón, huyendo de las etiquetas ideológicas tradicionales a las que se empeñan en acudir los viejos partidos y los medios de comunicación, las propuestas políticas de UPyD tienen un carácter transversal, estando articuladas por un programa político inclusivo en lugar de por una ideología.

UPyD es un partido inequívocamente nacional, lo que significa que actuamos y defendemos lo mismo en toda España, sin excepciones territoriales y bajo las mismas siglas, y es un partido laico y progresista, convencido de que la mejora de la democracia consiste en el progreso de la igualdad ante la ley y del Estado de Derecho, y de la igualdad de oportunidades y la libertad personal, sin que supuestos derechos históricos o colectivos, creencias religiosas o identidades étnicas o nacionalistas puedan emplearse para coartar la igualdad y la libertad o excluir de sus beneficios a cualquier segmento de la sociedad, ni a los habitantes de un territorio particular. Regenerar la democracia española consiste esencialmente en restaurar la independencia y funciones de las instituciones públicas, rescatándolas de su puesta al servicio de intereses privados, de partido o grupo de intereses opacos, ajenos al interés general. Es conseguir que los ciudadanos sean eficazmente representados y ejerzan un control habitual sobre sus representantes a través de la dación de cuentas y la transparencia activa. Es obligar a los gobiernos a cumplir sus compromisos y asumir la responsabilidad por sus actos, dando cuantas explicaciones les sean requeridas. Regenerar la democracia es convertirla en un

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sistema político donde las decisiones se toman tras un debate libre, abierto y público, sin limitarlo a las elecciones y campañas electorales. Es propiciar la participación ciudadana y extender la tolerancia cero a la corrupción, a la discriminación por cualquier pretexto y a la violencia política material o simbólica. La regeneración de la democracia consiste en que todas las instituciones funcionen y que todos cumplan por igual las leyes aprobadas por los representantes públicos, sin excepciones ni privilegios.

1. b) Nueva distribución de competencias.

Tras la aprobación de la Ley 27/2013 de 27 de septiembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, la Junta de Andalucía presentó Recurso de Inconstitucionalidad con fecha 27 de marzo de 2014 en defensa del Estatuto de Autonomía y legislación sobre la autonomía local, como las leyes de Autonomía Local de Andalucía (que concede plena autonomía a los municipios para decidir cómo organizan su territorio, delimita sus 28 competencias propias y fija los procedimientos para la posible transferencia de gestión desde la Junta) y de Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma (que garantiza a los entes locales una financiación incondicionada, respetando las decisiones y prioridades de gasto de los ayuntamientos), ambas en vigor desde 2010.

En concreto, se aduce que la dicha Ley incurre en exceso competencial por vulnerar el 148.1.2ª, 149.1.14ª y 18ª de la Constitución, al haberse excedido en el ejercicio de sus competencias para establecer las bases del régimen jurídico local, así como vulneración de otros preceptos constitucionales, al haber vulnerado la autonomía local y la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas, haber ordenado unilateralmente el proceso de asunción, por parte de las Comunidades Autónomas, de competencias que hasta ahora pertenecían a los Municipios y limitar el derecho de los representantes de las Corporaciones locales. Posteriormente, se dictó Decreto-Ley 7/2014, de 20 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes para la aplicación de la ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Con este Decreto-Ley la Junta blindó al municipalismo andaluz de las consecuencias que la Ley 27/2013 pudiera generar en los ayuntamientos andaluces creando un dique de contención al desmantelamiento de los servicios públicos que pretendía el Gobierno Central con la reforma local. De manera que ningún ayuntamiento ni diputación en Andalucía pueden actualmente escudarse en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local para dejar de prestar un servicio trascendente en sus municipios o provincias. También el Consejo de Estado en Dictamen emitido concluyó que la reforma local lesionaba la autonomía de los municipios. Es por ello, que en tanto no se pronuncie el Tribunal Constitucional al respecto, la aplicación de la ley en Andalucía no se ha producido por lo que hemos de abordar este programa desde la perspectiva del actual marco competencial.

1. c) Situación política municipal

UPyD Utrera se encuentra en un momento decisivo. Serán las segundas elecciones municipales que nuestra formación magenta afronte en este municipio. Las anteriores, en 2011, supusieron un acontecimiento histórico para nuestro partido, que entonces apenas tenía cuatro años de vida. Un proyecto que ilusionó, gente comprometida que altruistamente quiso

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aportar su grano de arena, y una ciudadanía que supo valorar sus propuestas nos llevaron a conseguir un concejal en el Ayuntamiento, tras unas elecciones competitivas en una ciudad, donde existen en torno a cinco o seis fuerzas políticas con opciones reales de conseguir representación en el Consistorio. Quedó patente, por tanto, el trabajo de todos los compañeros que se involucraron en el proyecto magenta y que hoy, cuatro años después, aspiramos a volver a ilusionar y ponernos al servicio del pueblo de Utrera y seguir avanzando hacia el camino de la regeneración democrática y la participación ciudadana. Aspiramos a conseguir una Utrera moderna, dinámica, atractiva y, sobre todo, donde poco a poco podamos superar los estragos de la crisis económica.

Y es que estas elecciones locales del 24 de mayo constituirán un significativo avance para UPyD Utrera. Han sido cuatro años en los que nuestra concejal, Isabel González Blanquero, ha realizado una responsable labor en la oposición sin perder nunca de vista las líneas ideológicas trazadas por el partido a nivel nacional; y comprometida siempre con los principios fundacionales de regeneración democrática. En 2011 nuestra concejal fue elegida, por unos mil votos de personas que nos dieron su confianza en un proyecto que se iniciaba y que muchos desconocían, pero que hoy está consolidado bajo el liderazgo de nuestra edil y con un grupo amplio de militantes y simpatizantes que nutren las filas del partido aportando desinteresadamente su tiempo y recursos. Gente nueva que ha ido llegando a la formación y que ha ayudado a que el proyecto avance. Tampoco se nos puede olvidar la ayuda, logística y soporte que se nos ha ofrecido desde UPyD a nivel regional y nacional, aportándonos aquello que necesitábamos.

Por tanto, como decimos se ha realizado una labor institucional y a pie de calle que nos ha hecho crecer, y en estas elecciones podemos dar un salto electoral importante, pudiendo ser una fuerza política clave y con una amplia legitimidad otorgada por los utreranos en las urnas. Hoy seguimos con la misma ilusión que hace cuatro años, sabiendo que pese a las adversidades tenemos hoy de facto menos límites que en aquel entonces. Pedimos a los ciudadanos de Utrera la confianza en este proyecto que tiene mucho que aportar a la política utrerana, necesitada de un cambio que de voz a UPyD que es sin duda la formación con las propuestas más responsables y el equipo multidisciplinar más preparado para llevarlas a cabo.

1. d) ¿Qué propone UPyD para el Municipio?

El programa electoral que Unión Progreso y Democracia ha elaborado para Utrera recoge la esencia que inspira el proyecto que dio vida a esta formación política y participa de sus valores y principios políticos que son aplicables para todo el territorio español y para todos sus ciudadanos, así como para la regeneración de la política, de la democracia, de las instituciones y de la Administración pública, donde debe presidir la transparencia y la participación ciudadana. Las propuestas que se recogen pretenden responder a las necesidades actuales y a un cambio político necesario que asumimos con realismo, responsabilidad y coherencia.

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1. EL AYUNTAMIENTO

1.1. En relación a la TRANSPARENCIA y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:

Entre los principios generales de funcionamiento de la Administración en su relaciones con los ciudadanos se encuentra el de transparencia, y así se recoge en el artículo 3.5 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre (LRJ-PAC). La inclusión de ese principio obliga a la Administraciones públicas a su implementación y cumplimiento, tarea que se encuentra en sus inicios pues la inercia del pasado juega a favor de la opacidad en su funcionamiento.

Es necesario promover una transformación en la Administración que la haga cercana al ciudadano, útil y con un funcionamiento ágil y eficiente.

Para ello proponemos:

• Elaborar el Inventario del Patrimonio Municipal y la implantación de los códigos QR, para constatar todos los bienes del Ayuntamiento y poder darles uso de forma adecuada y transparente. Estas medidas ya las rechazó el Gobierno Local cuando las presentamos por medio de mociones, demostrando así una nula voluntad política de ejercicio de transparencia.

• Creación de una Departamento de Control Financiero, formado por profesionales especializados al servicio de la Administración; dándole de esta manera un sentido técnico profesionalizado donde no puedan ejercer presión los políticos. Su función será velar por la correcta gestión económico-financiera, la justificación de los contratos, el ajuste a la Ley y el Derecho de todas las actuaciones y el apoyo a los órganos de existentes de intervención, fiscalidad y similares.

• Transparencia en los Planes de Empleo y procesos de selección, merece una mención especial, por la transcendencia que tiene, el asegurar la transparencia en los procesos de concursos público y de selección en los Planes de Empleo, para que todos los utreranos, podamos conocer los criterios de baremación, y las razones de exclusión o inclusión en los distintos programas y plazas laborales. Es un requisito, que hoy día trabajar con transparencia. Para ello, UPyD va a:

• Potenciar el uso de las nuevas tecnologías para informar al ciudadano.

• Adaptar la página web del Ayuntamiento para facilitar la accesibilidad a personas con discapacidad motriz y/o sensitiva (deficiencias visuales, auditivas, motoras, cognitivas, etc).

• Implantar y desarrollar la Administración electrónica de forma completa.

En el Portal de Transparencia de la Sede Electrónica de nuestro Ayuntamiento aparecerán de una manera accesible:

• Los presupuestos con una descripción sencilla y accesible a los ciudadanos de las principales partidas presupuestarias.

• Los contratos – incluidos los menores -, convenios, subvenciones y ayudas públicas, con indicación de su importe y destinatario.

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• Las cuentas anuales, informes de auditoría de cuentas y de fiscalización, del Ayuntamiento y de sus organismos autónomos, y entidades públicas empresariales si los hubiera.

• Datos sobre el parque móvil municipal – número de vehículos disponibles, marca, modelo y uso al que están asignados.

• El perfil profesional de todos los Directivos y Asesores del Ayuntamiento y las funciones asignadas.

• Las retribuciones percibidas anual y mensualmente por los altos cargos Directivos y Asesores – igualmente, se harán públicas las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del cargo.

• Con respecto al personal Directivo y Eventual de confianza se adoptarán las siguientes medidas de transparencia:

• Publicación de los requisitos de idoneidad que deben cumplir los Directivos y Asesores.

• Asignación de objetivos y establecimiento de índices que permitan su evaluación.

• Régimen de conflictos de intereses y de incompatibilidades que serán aplicables.

• La contratación de personal de confianza estará limitada a lo estrictamente necesario para el funcionamiento de los grupos. En los demás casos, se apostará por la sustitución del criterio de confianza a favor del criterio técnico de adecuación y capacidad, designando a personal de carrera para puestos de carácter técnico como pueden ser los Directores Generales, asesores de concejalías o expertos en materias concretas que puedan ayudar a los Grupos Municipales.

• En relación a los ORGANISMOS PÚBLICOS, CONTRATACIÓN, CARGOS PÚBLICOS E

INCOMPATIBILIDADES:

RECURSOS HUMANOS.

La optimización de los recursos humanos, no implica el desabastecimiento de personal al servicio de la administración local, sino la racional reorganización y redistribución de las personas y del trabajo, el aprovechamiento del rendimiento y salud laboral, incorporando las nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TICs).

Personal eventual y de confianza

El art. 105 de la Ley 41/1975 de Bases de Estatuto de Régimen Local establece que el cese del personal eventual se produce de forma automática con el de la Corporación que los nombró y ha de aplicarse con rigor, evitando “puertas giratorias” impidiendo contrataciones irregulares antes del cese, en la misma Entidad Local a la que pertenecen.

• Evitar las contrataciones arbitrarias y de clientelismo político son objetivos prioritarios para UPyD, por lo que la contratación de este tipo de personal ha de regirse siempre y en todo caso, por criterios de mérito y capacidad y no por lealtad política.

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• Se limitará la provisión de puestos de trabajo Directivos a través de la libre designación, fijando las competencias de cada Corporación para determinar el número de su personal eventual.

• Limitación de la libre designación: no podrá usarse la libre designación para proveer ningún puesto de naturaleza técnica.

• Los puestos de trabajo descritos en la Relación de Puestos de Trabajo para ser cubiertos por funcionarios de carrera han de ser provistos exclusivamente por este tipo de personal, impidiendo que cualquier otro personal pueda producir duplicidades en la gestión pública y garantizándose así la imparcialidad de la administración a la par que se recorta el gasto innecesario que produce la duplicidad de personal para una misma actividad.

• Cualquier modificación de la Relación de Puestos de Trabajo ha de venir acompañada por una memoria y estudio de viabilidad, que justifique dicha necesidad así como el correspondiente incremento en los ingresos que satisfaga el nuevo coste generado. La memoria y el estudio de viabilidad deben contemplar unos ingresos por encima del 150 % del coste para cubrir posibles desviaciones presupuestarias, así como que los mismos se van a mantener a lo largo del tiempo o, al menos mientras la nueva contratación forme parte de la plantilla. Obviamente todas las contrataciones o incremento de la plantilla de empleados públicos estarán presididas por los principios

de mérito, capacidad, igualdad y publicidad.

Un objetivo fundamental de UPyD es promover el control de todos los organismos públicos a fin de que se rijan por criterios de objetividad, imparcialidad y atención al interés general, promoviendo la transparencia de las administraciones en todas las facetas de su actuación, de modo que todos podamos conocer y valorar sus decisiones. Por ello, optaremos por:

• Renunciar a que los representantes políticos en las empresas públicas perciban retribución alguna por esta función, salvo dietas justificadas.

• Desarrollar Plan de Control y Transparencia para las entidades públicas locales desde Intervención.

• Auditar de forma completa y extensa las empresas municipales, entidades dependientes, fundaciones, etc.

• Establecer mecanismos de selección en los cargos directivos de las empresas municipales, basados en criterios técnicos de adecuación y capacidad, eliminando la elección por cargos de confianza de libre designación.

En el ámbito de la contratación abundan las irregularidades que afectan al interés público, muchas de ellas señaladas por el propio Tribunal de Cuentas: falta de agilidad y responsabilidad en los procedimientos contractuales debido a la confusa distribución de competencias; deficiencias en la confección de los proyectos de modo que durante la ejecución se producen alteraciones sustanciales, incorrectamente llamadas modificaciones u

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obras complementarias; anomalías en la fijación de criterios de selección del concurso, olvidando que la discrecionalidad administrativa inherente al concurso debe estar fundamentada. Abundan los casos en que el dinero público se canaliza hacia empresas afines mediante la adjudicación de contratos y/o subvenciones. Es habitual que nuestras autoridades intenten eludir la regulación comunitaria, lo que ha originado varias denuncias ante la Comisión Europea y en algunos casos las consiguientes condenas del Tribunal de Luxemburgo por incumplir el derecho Comunitario. Nuestras propuestas tienen tres sentidos principales:

• Reformar el procedimiento de contratación de las empresas y servicios públicos.

• Reducir drásticamente la discrecionalidad de los cargos políticos y el número de empresas, fundaciones y consorcios públicos.

• Independizar y dar mayor relevancia a los órganos y mecanismos de control.

En relación a la FUNCIÓN PÚBLICA:

Los valores de la gestión pública han de ser necesariamente compartidos por responsables políticos, servidores públicos y ciudadanos. Los códigos de buen gobierno y buena conducta administrativa, junto a la participación activa de la sociedad civil, han de contribuir a mejorar la calidad del sistema democrático .Consideramos necesario fortalecer la función pública mediante el desarrollo de una carrera profesional que permita a funcionarios de carrera, en base a baremos objetivos, alcanzar niveles de responsabilidad ahora copados por cargos de libre designación, fomentando la independencia en el ejercicio de la responsabilidad. El concepto de autonomía no es sinónimo de falta de control o de límites cuando se trata de asegurar que los ciudadanos reciban servicios de calidad semejante en todo el territorio nacional, sin sufrir el pago de sobrecostes administrativos derivados del lugar de residencia, o importantes diferencias salariales entre empleados públicos de diferentes territorios y servicios que no están justificadas por razones objetivas. La ausencia de coordinación efectiva en esta materia hace que los sueldos estén en permanente espiral y al alza en muchas CCAA, con el simple objetivo de estar “mejor que la media”, instituyendo la desigualdad y la injusticia a la vez que la emulación del derroche y la ineficacia. Por todo ello, UPyD va a trabajar por:

• Adecuar el tamaño del Ayuntamiento de Utrera a criterios objetivos y comunes para garantizar la eficiencia en su gestión y la limitación del establecimiento de diferencias salariales entre los funcionarios.

• Exigencia del criterio de competencia profesional para los nombramientos de titulares de los órganos directivos de la Administración municipal.

• Aprobación de las ofertas anuales de Empleo Público y revisión del actual sistema de selección del personal, reforzando la igualdad y el mérito en el acceso a la función pública, y estableciendo mecanismos de coordinación entre los sistemas de acceso que posibiliten la movilidad en el empleo público.

• Transparencia y control en los nombramientos y actividad del personal eventual o de confianza, asegurando la publicidad mediante la publicación de las resoluciones de nombramiento y cese en el respectivo Boletín Oficial, con las exigencias y efectos que señala la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Se asegurará que el personal de confianza realiza efectivamente las

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funciones para las que ha sido designado, ajustándose su titulación y/o experiencia profesional al mismo, de modo que tal fórmula no constituya una mera vía para asegurar sueldos públicos a personas afines.

• Garantizar la legalidad y la transparencia de la negociación colectiva en las entidades que forman parte de la administración municipal. Deben establecerse las cautelas y garantías necesarias para que se preserven los principios de negociación colectiva, como son los de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y transparencia.

• Fortalecer los órganos de control interno de la Administración Local: de la Inspección de Servicios, destinada a asegurar la eficacia y racionalidad organizativa y el cumplimiento de la normativa administrativa, y de la Intervención, destinada a velar por la eficiencia y legalidad del gasto público.

• Se establecerán canales de relación institucional para que determinada información emanada de los órganos de control sea de conocimiento público y sea trasladada a los órganos de control externo como el Tribunal de Cuentas de Andalucía.

• Trabajar en base a un Código de Buenas Prácticas en las Administraciones Locales de Se adoptará una estrategia clara de prevención de la corrupción en el marco de lo establecido por la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003, asignando a los servidores públicos un papel activo en dicha labor, dotándolos de criterios e instrumentos de actuación claros y eficaces para garantizar la integridad del servicio público.

• Desarrollar e impulsar la Administración electrónica y adaptación a la misma de los procedimientos y criterios de gestión. No hay opción. La ley es clara y marca una dirección que es ineludible para dar un salto cualitativo muy importante en la relación con los ciudadanos. Las Entidades Locales tienen que transformarse, cambiar, organizarse de manera distinta para funcionar de manera distinta. La sociedad lo demanda y quien no se prepare quedará postergado en la carrera modernizadora que se ha iniciado. La actual situación en cuanto a disponibilidad de herramientas y medios tecnológicos adecuados – acceso, equipos y programas-y la extensión a casi todos los ámbitos de su disponibilidad, hacen posible que la transparencia y la Administración electrónica sean una realidad a corto-medio plazo con voluntad real de avanzar.

• Desde UPyD proponemos avanzar en la administración electrónica para facilitar la comunicación entre ciudadanos y empresas y los Ayuntamientos en especial para la realización de trámites ante la administración, impulsando, decididamente su extensión más allá de lo dispuesto en la legislación sobre acceso electrónico de los ciudadanos. Todas las solicitudes y tramitaciones de los ciudadanos y empresas, así como los documentos que las diferentes gestiones a efectuar hagan necesaria su aportación deberán poder ser entregados en modo telemático sin que la presencia física en las dependencias municipales para aporte de documentos sea necesaria.

• Utilización de las herramientas y aplicaciones que pone a disposición de las distintas administraciones el Centro de Transferencia de Tecnología, en cuyo directorio general de

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aplicaciones se encuentran un buen número de proyectos de Administración Local que han sido ejecutados con financiación e-Model y que pueden ser reutilizados o servir como referentes para otras Entidades Locales, especialmente aquellas entidades locales que por su dimensión y tamaño tienen una menor implantación de aplicaciones que permitan el acceso electrónico de los ciudadanos.

• Fomentar la colaboración entre distintas entidades locales a través de Convenios, que permitan un impulso en el avance de la implantación de la administración electrónica en una economía de escala.

Secretarios, Interventores y Tesoreros

Dentro de la función pública, hemos de destacar la figura del Secretario y el Interventor - Tesorero. Todas ellas son funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales, cuya responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional. La Ley 27/2013 ha introducido cambios en materia de concursos en la Escala de funcionarios con habilitación de carácter nacional que vienen a reforzar los principios de mérito y capacidad pero hay que lamentar que, el artículo 92 bis LRL hable de que “excepcionalmente”, los puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional podrán cubrirse por el sistema de libre designación, en los municipios incluidos en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 (capitales de provincia o de comunidad autónoma, o población de derecho igual o superior a 75.000 habitantes).

Es decir, por una parte el legislador mantiene la libre designación en los supuestos que se contemplaban con la anterior DA 2.ª del EBEP, pero además ahora se amplía a otros nuevos. Si la excepcionalidad se abría hasta ahora para los municipios comprendidos en el artículo 121 LRL, incluyendo pues a los de más de 250.000 habitantes, y capitales de provincia de más de 175.000 habitantes, Diputaciones y Cabildos o Consejos, pudiendo ampliarse por ley al resto de capitales de provincia o a los municipios de más de 75.000 habitantes con características especiales, mediante ley específica, ahora, además, de una manera subrepticia, con una remisión disparatada a LHL, se amplía a un mayor ámbito subjetivo, y podrán utilizar este mecanismo todas las capitales de provincia o de comunidad autónoma, así como los municipios con población de derecho igual o superior a los 75.000 habitantes, así como las Áreas Metropolitanas.

En UPyD entendemos que estos puestos de trabajo en ningún caso deben de ser provistos por un sistema de libre designación, dada la naturaleza del cargo, por lo que para garantizar la imparcialidad y objetividad de la administración local, los funcionarios con habilitación Estatal serán seleccionados por el Estado por concurso público exclusivo. Para su efectiva implantación, necesariamente se exige la intervención de otras instancias y una normativa de regulación estatal. En relación con estos puestos proponemos:

• Garantía de asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión, a través de organismos supramunicipales pero única y exclusivamente a través de este tipo de personal con habilitación de carácter nacional.

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• Auditoría de cuentas de las entidades locales –independientemente de la obligación de los órganos interventores de las entidades locales de remitir con carácter anual a la Intervención General de la Administración del Estado un informe resumen de los resultados de los controles desarrollados en cada ejercicio, en los plazos y con el contenido que se regulen– que tenga carácter anual y público.

• Publicidad y accesibilidad de los ciudadanos al informe de reparos emitido por el órgano interventor al Pleno, de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la entidad local contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos.

• Publicidad y accesibilidad de los ciudadanos al informe anual que el órgano interventor remite al Tribunal de Cuentas todas las resoluciones y acuerdos adoptados por el Presidente de la entidad local y por el Pleno de la corporación contrarios a los reparos formulados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos.

1.3. En relación con HACIENDA Y ECONOMÍA:

En UPyD tenemos el convencimiento de que con la optimización de los recursos económicos propios del municipio, se busca no sólo una gestión eficiente, sino también eficaz, como condición indispensable para utilizar los recursos de la mejor forma posible. Para ello es imprescindible,

• Revisar el sistema de financiación y las competencias impropias, que sólo podrán asumirse cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del Municipio.

• Establecer instrumentos que garanticen la transparencia en las cuentas públicas.

• Desarrollar medidas para favorecer una mayor equidad en el reparto de cargas

• Implantar mecanismos que garanticen la suficiencia presupuestaria del Ayuntamiento y la austeridad y racionalización del gasto, evitando gastos en publicidad institucional, protocolo, representación, reducción del consumo energético.

• La conveniencia de participación en entes supramunicipales y la reducción de la morosidad de la Administración pública, son medidas ineludibles que hay que revisar.

• Impulsar la creación de una Agencia Local de Transparencia constituida por dos oficinas: Oficina de Evaluación de Calidad y Productividad de los servicios públicos y Oficina de Control Presupuestario, procurando cubrir estas necesidades con la plantilla municipal existente.

• Desarrollar un Plan de Austeridad Municipal, consistente en un paquete de medidas para una redistribución eficiente del gasto público local, estableciendo las necesidades prioritarias de la ciudad y los ciudadanos.

• Establecer relaciones únicamente con entidades bancarias que operen sólo con economía real, y que reinviertan en empresas de ámbito alcalareño y asociaciones culturales, medioambientales, sociales, etc.

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• Evitar ingresos en el Ayuntamiento con la venta de patrimonio municipal, especialmente sobre bienes inmuebles, para eludir la despatrimonialización del municipio.

• En relación a TASAS E IMPUESTOS:

La capacidad de gasto de las administraciones locales, los servicios que prestan y la capacidad recaudatoria, no guardan la relación lógica que debería presidir la gestión económica de los Ayuntamientos. Incrementar la presión fiscal y el endeudamiento de la administración ha sido una política constante que los dirigentes políticos han desarrollado en estos últimos años. En materia de recaudación tributaria, el Ayuntamiento de nuestro municipio no se ha preocupado por velar por la equidad en el reparto de las cargas fiscales, obviando las herramientas que la propia legislación tributaria ofrece. El principio constitucional de suficiencia financiera está lejos de ser garantizado en la normativa vigente. Las sucesivas reformas en el ámbito local no han logrado clarificar el núcleo competencial de los municipios, que aún han de moverse entre la normativa estatal y autonómica sobre la materia. Muchas leyes sectoriales incrementan las obligaciones, responsabilidades o cargas municipales, lesionando la autonomía local al no poner a disposición de los Ayuntamientos los recursos necesarios para cumplirlas, o incurriendo en evidentes moras que quebrantan gravemente sus haciendas. En el actual contexto económico era más que necesaria una nueva regulación de los recursos locales, que hiciera a los municipios menos dependientes de la riqueza inmobiliaria como materia imponible. Sin embargo, la nueva Ley de Haciendas Locales vuelve a ser demorada, permitiendo que las medidas coyunturales de alivio de la situación financiera municipal, terminen siempre en mayor presión fiscal, con sacrificio de los principios constitucionales de justicia tributaria.

Racionalización de la Imposición inmobiliaria (I.B.I)

La situación presupuestaria de muchos Ayuntamientos exige medidas de mayor impacto —y de orden distinto— que el incremento sistemático de las cuotas en los tributos locales. El potencial de reducción de gastos suele ser superior a la capacidad ciudadana de encajar nuevas subidas de impuestos. Una política municipal que racionalice los ingresos tributarios, aliviando la excesiva carga fiscal que soportan sus ciudadanos, no supone necesariamente una amenaza a los objetivos de estabilidad y sostenibilidad financiera. Sólo exigiría una racionalización pareja de los gastos del Ayuntamiento. No parece ser ésta la opción por la que ha apostado el legislador estatal. Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras, acudiendo al recurrido argumento de “los compromisos de Estabilidad mantenidos por el Reino de España”, prolonga dos ejercicios más (2014 y 2015) el incremento de los tipos impositivos del IBI respecto a los inmuebles de uso residencial y no residencial, en las condiciones que la propia norma describe. El porcentaje de incremento iría del 10 al 4%, según cuál sea el año de aprobación de la ponencia de valores total aplicable al procedimiento de valoración colectiva de carácter general para inmuebles urbanos del que haya sido objeto el municipio. El tipo aplicable no puede ser superior en ningún caso al máximo que resulte de lo establecido en el art.72 (1,10 para urbanos y 0,90

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para rústicos). Con lo cual, el margen de potencial subida de tipos en manos de las políticas municipales se puede incrementar considerablemente. Es un hecho que pagamos más, pero también es evidente que la interminable crisis económica que padecemos ha mermado la capacidad contributiva de la mayoría de los ciudadanos. La regulación estatal del I.B.I. atribuye a la Administración Central de Estado, a través de la Dirección General de Catastro, la cuantificación de la base liquidable –valor catastral con sus reducciones– y al Ayuntamiento la fijación del tipo impositivo, dentro de un rango que va de un mínimo de 0,40% a un máximo de 1,10% para viviendas, con posibilidad de establecer recargos para inmuebles de uso residencial desocupados (hasta el 50% de la cuota líquida) o para los inmuebles situados en las áreas metropolitanas (de hasta el 0,2% sobre la cuota del impuesto). Asimismo permite supuestos muy limitados de exenciones y bonificaciones que los Ayuntamientos pueden modular. Sin que quepa legalmente –según ha señalado la jurisprudencia– la posibilidad de subvencionar parte de la cuota como medida para reducir la presión tributaria excesiva sobre determinados ciudadanos (STS 19-5-14). Las revisiones de valores catastrales operadas en los últimos años, a pesar de las medidas de ponderación, han elevado de facto la base liquidable del IBI en la mayoría de los municipios, alejando la recaudación total de este impuesto de la capacidad económica que representa la mera titularidad de la propia vivienda habitual en una situación general de crisis.

UPyD propone, para evitar este efecto perverso, la congelación o, incluso reducción, de los tipos impositivos, dentro de los márgenes legales, de forma que se asegure una reducción efectiva de cuotas, con independencia del eventual incremento de las bases liquidables.

La sensación de asfixia de los vecinos, ante el poder tributario local, se acrecienta con otro impuesto, esta vez potestativo: el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU). De acuerdo con la normativa que regula el IIVTNU, la base imponible del Impuesto se determina aplicando al valor del terreno (el valor a efectos del IBI, es decir, sobre base catastral) un porcentaje que, a su vez es el resultado de multiplicar el coeficiente establecido por el ayuntamiento, dentro del límite legal, por el número de años de generación del incremento (art.107 LHL). De este modo la cuantía del impuesto aumenta en función del número de años transcurridos entre la adquisición y la transmisión del terreno (con un máximo de 20 años), con total independencia de la ganancia real obtenida con la transmisión del terreno. La regla de determinación de la base imponible del IIVTNU no es una presunción ni una regla probatoria, sino una regla de valoración que permite cuantificar la base imponible a través de un método objetivo. El impuesto no somete a tributación una plusvalía real, sino una plusvalía cuantificada de forma objetiva. Y ello es así, porque el fundamento de este impuesto no es tanto gravar el incremento real provocado por el titular del terreno por diferencia entre unos precios de venta y compra, sino que trata de gravar el incremento de valor del terreno como consecuencia de la acción urbanística del propio municipio donde se encuentra (instalación o mejora de alumbrado público, aceras, mobiliario urbano, etc.). Con este impuesto, por tanto, se pretende que el sujeto pasivo devuelva a la colectividad parte del beneficio por él obtenido.

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La capacidad económica que sirve de fundamento a este Impuesto se inscribe en el campo de las plusvalías inmerecidas de naturaleza inmobiliaria, es decir, aquellas plusvalías de los terrenos no debidas a la actividad de los particulares, sino a causas extrañas a la misma, tales como el simple crecimiento de los núcleos urbanos. Se trata, como hemos dicho, de un impuesto de establecimiento potestativo, que proporcionaba cuantiosos ingresos para las arcas públicas en plena época de la burbuja inmobiliaria, pero cuya recaudación actual está pasando a ser meramente testimonial, y percibida como decididamente injusta. En una época de valores de mercado que manifiestan perdidas en todas las transacciones inmobiliarias, el devengo de un impuesto sobre la base de plusvalías ficticias es difícilmente comprensible para los ciudadanos.

UPyD propone estudiar la suspensión temporal de su vigencia, hasta la recuperación del valor inmobiliario, o la reducción de cuotas, en función del margen de maniobra del municipio y dentro de los límites legales.

Criterios de equidad en la aplicación tributos

La política de moderación de la presión fiscal debe acompañarse de ajustes de equidad que corrijan injusticias comparativas, permitiendo una cierta mejora en la recaudación sin necesidad de incrementar la carga de la generalidad de los contribuyentes.

Junto con la congelación, o disminución, de la presión fiscal para particulares, debe agotarse la posibilidad, respetando la legalidad y los principios tributarios, de gravar a las empresas que manifiesten mayor capacidad contributiva.

Por otra parte, cabría reconsiderar las escasas exenciones y bonificaciones que la ley permite y el Ayuntamiento modula en lo que al I.B.I. se refiere. Las principales exenciones o bonificaciones, son, por obligación legal, las de ciertos edificios de las AAPP, la Iglesia Católica, otras confesiones y ciertas entidades sin ánimo de lucro, y por posibilidad legal, los colegios concertados y las familias numerosas. A este respecto, hay que insistir en exigir políticamente a la Administración Central del Estado compensaciones por las exenciones legalmente obligadas, comprobar con rigor la legitimidad, inmueble a inmueble, ya que los requisitos son exigibles por uso individualizado, de la aplicación de la exención a confesiones religiosas y entidades sin ánimo de lucro. Así como modular la bonificación de familias y la de colegios concertados.

En cuanto a inmuebles distintos de viviendas, parece oportuno, dada la situación actual, no extender a ellos el esfuerzo presupuestario de congelación, manteniendo sus tipos específicos. Por su dificultad práctica, los ayuntamientos no aplican la posibilidad legal de imponer un recargo del I.B.I. de hasta un 50% en las viviendas vacías. Sin embargo, puede estudiarse su establecimiento, como medida redistributiva.

Tasas por prestación de servicios

En relación a las tasas por prestación de servicios de solicitud o recepción obligatoria, es necesario garantizar una distribución equitativa del coste total del servicio entre sus potenciales destinatarios. La normativa vigente se limita a prohibir que el importe total de las tasas exceda del límite absoluto determinado por el coste real o previsible de los servicios que se financian con su exacción. No es preciso que la cuota a pagar por cada sujeto pasivo esté

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cuantificada con referencia al coste que entraña la prestación del servicio a ese concreto sujeto, sino que la ley ampara la posibilidad de distribuir el importe de la tasa entre los obligados tributarios conforme a múltiples criterios, entre ellos, el de capacidad económica. Para el cálculo de la cuantía de estas tasas se habrán de considerar todos los costes a los que dé lugar la prestación de los servicios o la realización de las actividades: costes directos e indirectos, costes de carácter financiero, costes de amortización del inmovilizado, y, en su caso, costes necesarios para garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio (que se calculará con arreglo al presupuesto y el proyecto aprobados por el órgano competente) o la actividad por cuya prestación o realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. Lo que implica una escrupulosa elaboración de los Informes técnico-económicos a la vista de los cuales se establece el tributo. Después vendría el uso de parámetros adecuados de individualización de su coste, que pondere en cada caso, y de forma objetiva, el uso particular del servicio, y tenga en cuenta, con efectos redistributivos, más índices de capacidad económica que se los que vienen siendo habituales (utilizar el valor catastral del inmueble, o la categoría de la calle).

Uso particular del dominio público

Al contrario de lo que ocurre con las tasas por servicios, el Ayuntamiento tiene un gran margen legal para incrementar la recaudación en las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial de dominio público o vía pública. En términos generales debe hacerse coincidir el importe de la tasa con el valor de mercado que correspondería a la utilidad derivada de la utilización o el aprovechamiento dominio, en caso de que los bienes ocupados por el sujeto pasivo no fueran de dominio público. Se impone, por lo tanto, una regla general de equivalencia entre la cuantía del gravamen y el valor económico asociado al aprovechamiento, remitiéndose la ley a las ordenanzas fiscales en lo que se refiere a la fijación, en cada caso, de los criterios y parámetros que permitan definir el valor de mercado de la utilidad derivada atendiendo a su específica naturaleza. Esa correspondencia debe ser en todo caso justa, y convenientemente sustentada en los correspondientes Informes económico-financieros. Cuando se acceda al uso privativo del dominio público a través de procedimientos de concurrencia competitiva, el importe de la tasa vendrá determinado por el valor económico de la proposición sobre la que recaiga la concesión, autorización o adjudicación, que nunca podrá ser menor que el que resulte del valor objetivo asociado al aprovechamiento. Por otra parte, conviene considerar el establecimiento de tasas por otros usos del dominio público menos convencionales. Es posible gravar el uso indirecto que realizan aquellos sujetos que no ocupan el dominio por sí mismos pero que se benefician como consecuencia de la ocupación que efectúan terceros. Un ejemplo de este uso sería el de las entidades financieras que emplazan cajeros automáticos accesibles desde la vía pública. En estos casos, el aprovechamiento especial no está en el usuario del cajero, sino en la entidad bancaria que lo coloca, obteniendo por ello un beneficio económico, siendo entonces la tasa la compensación correspondiente a ese beneficio específico y exclusivo que sin el aprovechamiento del espacio público no obtendría.

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Reducción de la presión recaudatoria

La recaudación de los tributos en el ámbito local ha descendido drásticamente en los últimos tiempos, por cuestiones distintas a la voluntad política de reducir la presión fiscal sobre el ciudadano. El sistema tributario local está excesivamente vinculado a la actividad inmobiliaria, de la que siempre van a derivar ingresos cíclicos, a través del ICIO o IIVTNU, con la tendencia natural a elevar la presión fiscal sobre materias imponibles “cautivas” como la titularidad de inmobiliaria (IBI, y todas las tasas vinculadas a la propiedad). Una agresividad fiscal frente al ciudadano, que además de injusta, es muchas veces torpe e ineficiente. Con lo que, además de incrementar la litigiosidad, exige el empleo de mayores recursos administrativos y termina constituyendo un problema financiero. Lo que se ha hecho patente sobre todo en el notable incremento que han experimentado algunas tasas (por ejemplo, estacionamiento y vados), prescindiendo de los criterios técnicos que siempre han de sustentar su establecimiento. Con un fin recaudador, se olvida de nuevo el sentido del propio tributo, pensando más en la magnitud límite de lo que puede soportar la ciudadanía que en lo legítimamente justo.

Abuso de las multas como instrumento recaudatorio

La finalidad de las multas y sanciones es de naturaleza punitiva, no financiera, sin perjuicio de ser una partida que integra los ingresos de las entidades locales. Por ello la Ley de Haciendas Locales sólo las menciona al referirse a las fuentes de financiación.

Las sanciones pecuniarias que tienen por objeto castigar contravenciones del ordenamiento jurídico con el fin de evitar que se produzcan en el futuro. Deben imponerse cuando se realicen las conductas tipificadas como sancionables y siguiendo, en todo caso, el cauce procedimentalmente adecuado. El empleo de las multas como recurso financiero supone una distorsión que provoca deformidades en la percepción de las normas. El abuso de este instrumento constituye desviación de poder, y denota mala fe en la actuación de los poderes públicos o falta de proporcionalidad en su imposición, con evidente perjuicio al ciudadano. Los factores que favorecen el uso recaudatorio de este instrumento punitivo serían el mal uso que realizan los ayuntamientos de sus prerrogativas de auto-tutela. Obligando al ciudadano a agotar la vía administrativa, para después enfrentarse a los costes y la lentitud de la jurisdicción económico-administrativa.

En UPyD, consideramos intolerable la utilización ilegítima de las multas como recurso financiero, e inaceptable, que cualquier ciudadano deba aceptar la lesión de sus derechos por no poder asumir los costes de su defensa.

Eliminación por ley de la morosidad de la administración municipal

Aunque los Planes de Pago a Proveedores han logrado reducir la morosidad pública en las relaciones comerciales con la pequeña empresa y los trabajadores autónomos, se sigue incumpliendo la Ley, perjudicando financieramente al tejido empresarial de cada municipio y comprometiendo el mantenimiento de muchos puestos de trabajo. A pesar de la entrada en vigor de la Directiva 2011/7/UE, de 16 de febrero de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales; y de la consecuente modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que

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se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales; se siguen sobrepasando escandalosamente los periodos medios de pago, triplicando los que exige esta normativa. Nuestra pretensión no puede ser otra que eliminar la morosidad, comprometiéndonos, como mínimo, al cumplimiento de la normativa en la materia:

Plazos de pago

Como regla general, en defecto de pacto, el plazo de pago será de treinta días naturales contados desde la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios.

En los casos en los que legal o contractualmente se prevea un procedimiento de aceptación o de comprobación de los bienes o servicios, éste deberá realizarse en un máximo de treinta días naturales desde la recepción de los bienes o la prestación de los servicios, y el plazo de pago será de treinta días desde su aceptación o verificación.

Si los plazos de pago resultaran ampliados mediante pacto de las partes en ningún caso se podrá acordar un plazo superior a 60 días naturales.

Si existiera pacto contractual de calendarios de pago a plazos y algún plazo no se abona en la fecha acordada, los intereses de demora y la compensación se calcularán sobre las cantidades vencidas.

Interés de demora

En todos los contratos celebrados por la Administración local, se especificará el abono por mora del tipo legal de interés de demora fijado en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre. Es decir, la suma del tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer día del semestre natural de que se trate, más ocho puntos porcentuales. Lo que se abonará de oficio.

Indemnización por costes de cobro

En cumplimiento de la normativa aplicable, la Administración local indemnizará por los costes de cobro. Cuando el deudor incurra en mora, en todo caso abonará al acreedor una cantidad fija de 40 euros más la indemnización a la que tiene derecho el acreedor por todos los gastos, superiores a dicha cifra, en que incurra para cobrar la deuda (por ejemplo, gastos de asesoramiento legal).

Por todo ello, proponemos:

• Favorecer la equidad en el reparto de cargas fiscales con orientación a la protección de la familia, discapacitados y contribuyentes de pocos recursos económicos.

• Reducir el IBI progresivamente en base a la proporcionalidad y la equidad.

• Impedir la externalización o privatización de la gestión recaudatoria de impuestos y tasas municipales, que involucre en actos que implican ejercicio de autoridad a personas sin la cualidad de funcionario público.

• Bonificar el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras en establecimientos privados abiertos al público, como hoteles, comercios, restaurantes, bares, etc, cuando estén destinadas a la adaptación de sus accesos e instalaciones a discapacitados.

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• Crear un sistema de pago que pueda permitir prorratear el pago de los impuestos municipales a lo lardo del año, según las necesidades del

• Reducir el Impuestos sobre Vehículos de Tracción Mecánica para aquellos vehículos más eficientes ecológicamente.

• Eliminar el impuesto de “plusvalía” en los supuestos de dación en pago.

• En relación al EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL:

Para Unión Progreso y Democracia sigue siendo un eje transversal de nuestro proyecto

llevar a cabo políticas activas e innovadoras que respondan al desafío de la actual crisis económica y cambio de contexto social. Nuestro plan de trabajo está concebido para incentivar la economía local con medidas enfocadas a la generación de riqueza y la creación de empleo. Además, estamos convencidos que poniendo en valor el gran potencial de nuestro municipio, conseguiremos dotarlo del protagonismo que merece a nivel industrial, comercial, turístico, ecológico, cultural, paisajístico y patrimonial. La Administración local debe ser motor y dinamizador de iniciativas innovadoras y promotor de la investigación en el sector industrial y empresarial, con el desarrollo de políticas de apoyo, a través de subvenciones, deducciones, préstamos, bonificaciones y otras medidas, consensuadas con los agentes que intervienen en el desarrollo técnico. Sin perder de vista, que en la actualidad, la tasa de desempleo ha llegado a unas cotas que merecen una especial preocupación y atención en nuestro municipio, la reactivación de la economía local que genere riqueza y empleo se convierte no sólo en una de nuestras prioridades, sino en una necesidad. Por ello, vamos a trabajar en las siguientes propuestas:

1. Favorecer el diálogo social dentro de un verdadero Pacto Local por el Empleo que integre a todos los agentes sociales y económicos como empresarios, trabajadores, asociaciones, sindicatos, consorcios, etc.

2. Reforzar el servicio de información y orientación para la inserción laboral y la reinserción de aquellos sectores de población con especiales dificultades de acceso laboral, con asesoramiento integral en materia de formación, becas subvenciones, prácticas en empresas, ofertas de empleo, convocatorias de oposiciones, etc.

3. Consolidar la figura del “orientador laboral” que ofrezca un servicio integral en el asesoramiento, seguimiento personalizado y continuo de los demandantes.

4. Potenciar el apoyo integral al autoempleo, poniendo a disposición de los emprendedores instrumentos de asesoramiento en la elaboración de sus proyectos y puesta en marcha, tanto en el estudio de viabilidad, como en el del soporte técnico y gestión del proyecto en el primer año de la actividad. Debemos llevar a cabo una política municipal que favorezca a los colectivos que más dinamizan nuestra economía local, especialmente, las PyMES y los trabajadores autónomos. Para ello, vamos a procurar la mejora fiscal de nuevos emprendedores, y pequeños y medianos comerciantes e industriales, y urgir a los Gobiernos central y autonómico a elaborar

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medidas fiscales de apoyo que favorezcan el desarrollo de microempresas y PYMES de ámbito municipal.

5. Simplificación de los procedimientos y reducción de costes en tiempo y dinero de la gestión de licencias de apertura de establecimiento o actividad productiva.

6. Compromiso para la eliminación preferente de la deuda municipal con PyMES y autónomos; deuda cuyo origen sea el retraso en el pago del Ayuntamiento de compras de bienes o servicios a las PyMES en el pasado, así como la asunción de los costes financieros que el retraso en el pago pudiese ocasionarles.

7. Creación de un vivero de empresas para sectores económicos emergentes e innovadores, como el tecnológico-informático, solar, etc., y dónde se establezcan acuerdos para que tengan prioridad en la contratación desempleados de nuestra localidad.

8. Ayudas a los jóvenes, con programas de becas y prácticas remuneradas en empresas de la localidad y también en otros municipios, dedicadas a aquellos jóvenes que han terminado sus estudios superiores y universitarios y que debido a la grave crisis económica no han encontrado aún su primera experiencia profesional. Queremos evitar así la llamada “fuga de cerebros”; los titulados universitarios que deben ser el relevo generacional y futuro de nuestra sociedad, a los cuales debemos proteger y servir desde las instituciones.

9. Planes de fomento de empleo local destinados a parados de larga duración y sin prestaciones por desempleo, para aliviar así el drama del paro, como una solución transitoria. Y que sirva para completar la formación y dar así mayor oportunidad de encontrar un empleo.

1. Desarrollar un portal de empleo en la web municipal que facilite la búsqueda de empleo de los trabajadores.

1. Incentivar las relaciones comerciales con el exterior de proyectos innovadores de empresas de I+D+i.

2. Impulsar Utrera como Polo de Industrias Creativas de publicidad, artesanía, audiovisuales, diseño, música, estimulando la diversificación empresarial.

3. Promover, en coordinación con los agentes económicos y empresariales de Utrera, una imagen y marca corporativa aplicada a los proyectos municipales en sectores específicos, como en el de nuevas tecnologías.

4. Animar a los grandes grupos industriales, establecidos en nuestro municipio, a la cooperación en iniciativas innovadoras y en la investigación, en concurrencia con la Administración local.

1.5. En relación al TURISMO: EXPLOTAR NUESTRO POTENCIAL:

En la coyuntura actual, el Turismo es un factor socioeconómico clave para el municipio andaluz, independientemente de su población, tamaño o principal sector productivo. UPyD contempla el Turismo desde una perspectiva generadora de desarrollo, economía y empleo

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tanto a nivel regional como local. Desde nuestro partido, proponemos un Turismo sostenible en términos medioambientales y patrimoniales que promueva en su actividad el valor añadido que implica la generación de empleo e ingresos. UPyD pretende que desde los ayuntamientos se alcance el mayor grado de concienciación posible en cuanto a la función del Turismo en los procesos de desarrollo económico y social así como las oportunidades que supone la opción de la sostenibilidad y las oportunidades que ofrece para la ciudad en cuanto a posibilidades de emprendimiento y empleo.

Consideramos urgente realizar un análisis detallado y fundamentado en las necesidades efectivas del sector en nuestra ciudad, que permita poner en marcha un plan director de promoción y desarrollo turístico a largo plazo para que Utrera se consolide como centro turístico comarcal.

Es necesario consolidar una imagen de marca y calidad integral de los servicios públicos y privados de Utrera, especialmente de hostelería y gastronomía, en colaboración con todos los sectores estratégicos empresariales, culturales y educativos implicados.

Apelamos a la colaboración de todos los agentes públicos y privados, partiendo de la base de que los atractivos turísticos de Utrera, deben entenderse como un patrimonio colectivo y compartido por todos. En esta labor conjunta el Ayuntamiento debe asumir el liderazgo y la coordinación de los distintos agentes del sector. En relación con lo anterior, proponemos:

1. El Ayuntamiento de Utrera debe impulsar la actuación coordinada en materia turística, a través de la presentación un plan director estratégico que implique a las diferentes Administraciones (nacional, autonómica y local) y permita desarrollar de forma racional y eficiente las potencialidades que la industria turística posee en nuestra ciudad.

2. Revisar el marco normativo para simplificar y adecuar la reglamentación municipal, con el objetivo de favorecer el desarrollo de la iniciativa empresarial.

3. Llevar a cabo una exhaustiva evaluación de la eficacia de las infraestructuras turísticas y una auditoría de gestión para la reasignación de esfuerzos y fondos, mediante la elaboración de un catálogo de necesidades que permita establecer los recursos financieros, dotacionales y de infraestructuras.

4. Potenciar la formación continua y el reciclaje en todos los niveles profesionales del sector turístico, desde dirección y gerencia hasta atención al público, con especial hincapié en el dominio de lenguas extranjeras.

5. Profundizar en la adaptación del sistema nacional de cualificaciones y formación profesional a las especificidades del sector y potenciar los sistemas de reconocimiento y acreditación de competencias profesionales. En esta línea, UPyD propone luchar decididamente contra el intrusismo en el sector turístico, ya que causa graves daños a las empresas del sector y atenta contra la imagen de calidad turística de nuestra ciudad.

6. Creación de una Mesa Local del Turismo que sirva de foro de diálogo y representación

a  todos  los  actores  sociales  relacionados  con  el  turismo:  empresarios,

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administraciones, particulares, miembros de asociaciones y congregaciones religiosas, etc.

7. Trabajaremos para hacer realidad el Museo Municipal con su Centro de Interpretación de carácter multidisciplinar, que abarque la historia de Utrera, documentos históricos, herramientas e instrumentos artesanales de nuestra tierra, flora y fauna, la cultura y vida en la Campiña del Bajo Guadalquivir, etc. Todo este conjunto orientado a su exposición visual y pedagógica, pero también con carácter dinámico y cambiante, que sirva también como centro de exposiciones y lugar de encuentro para el intercambio cultural y el aprendizaje.

“Devolver a nuestra ciudad una identidad propia y singular, pasa por desarrollar el potencial de nuestro pueblo como una herramienta necesaria para reactivar la economía y favorecer el progreso y la creación de empleo, situándolo en un destino turístico atractivo para los visitantes. Para ello, se hace necesaria la creación de señas de identidad propias como productos típicos con marca corporativa, imagen turística global, señalizaciones turísticas y mobiliario urbano identificativo. La oferta de actividades atractivas y turismo diversificado, como el turismo de sensaciones, cultural, industrial, gastronómico o turismo activo dentro de programas diseñados para los distintos tipos de turismo, son propuestas idóneas que se deben explorar para las que Utrera presenta unas condiciones propicias.

En definitiva, reinventar una ciudad para emerger de su estancamiento es el propósito de futuro que UPyD busca para Utrera para el que hay que empezar a trabajar desde ahora, juntamente con los ciudadanos y los expertos del sector.”

EL FLAMENCO es el producto musical y cultural más importante que tiene Utrera, y aunque ya existen iniciativas privadas de gran categoría a nivel nacional (como el Potaje Gitano) creemos que desde el Ayuntamiento podemos promover más iniciativas que atraerían a estudiosos y visitantes a nuestro pueblo. Para ello proponemos,

• La Creación de un Circuito municipal de divulgación del Flamenco.

NUESTRAS LETRAS, Impulsaremos la creación de un Certamen Histórico Literario, articulado en la vida y obras de algunos de nuestros personajes ilustres, relacionados con el mundo de la historia y la literatura, tales como Abate Marchena, Rodrigo Caro, Serafín y Joaquín Álvarez Quintero.

GASTRONOMÍA, siendo conscientes del fuerte potencial que existe en nuestra localidad en torno a la industria gastronómica, artesanal y dulcera, vamos a promover:

• La creación de un catálogo de productos locales.

• La reinstauración de las Ferias de la Tapa y del Dulce (en fechas separadas) organizándolas cómo en sus primeros años; orientada principalmente a la promoción exterior.

• El mostachón como producto estrella por su originalidad y seña de identidad debe ser promocionado como producto saludable, tradicional y de alta calidad.

• Trabajar para que La aceituna gordal, obtenga el sello de calidad como producto

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AGRICULTURA, ECOLÓGICA Y DE CALIDAD

El término municipal de Utrera guarda una enorme potencialidad en el mundo de la Agricultura, siendo una potencia en la producción de cosechas como la aceituna, el algodón o el trigo. A ello se unen ahora también el desarrollo de nuevos cultivos forrajeros. Si atendemos a que la agricultura es el sector con más raíces en nuestra tierra, y el aspecto ecológico es innovador y puede servirnos para potenciar la fuerza de la agricultura como generador de empleo estable y de promoción internacional.

UPyD Utrera propone en su programa electoral:

• Promover la creación de cooperativas de agricultura ecológica, con el fin de que este tipo de cultivo sirva como generador de empleo en estas organizaciones colectivas.

• Aumentar el número de huertos sociales a más colectivos, como los jóvenes desempleados y parados de larga duración.

• Otorgar bonificaciones municipales a las nuevas explotaciones agrícolas con el fin de favorecer la economía y el empleo local.

• Impulsar la puesta en marcha de una Casa de Oficios, en este caso particular, de carácter agrícola, dónde se realicen talleres de aprendizaje de las labores de campo.

1. LA CIUDAD

2.1. MODELO DE CIUDAD

“La Utrera que queremos” se corresponde con el denominado modelo de “Ciudad Inteligente” (Smart City), y para ello, vamos a impulsar el proceso de transformación necesario de nuestro municipio, hacia la sostenibilidad económica, ambiental, energética, con el objetivo final de incorporar a Utrera al plan Nacional de Ciudades Inteligentes, y en la red nacional de ciudades inteligentes. ¿Qué es una ciudad inteligente?

La «ciudad inteligente» a veces también llamada «ciudad eficiente» o «ciudad súper-eficiente», se refiere a un tipo de desarrollo urbano basado en la sostenibilidad que es capaz de responder adecuadamente a las necesidades básicas de instituciones, empresas, y de los propios habitantes, tanto en el plano económico, como en los aspectos operativos, sociales y ambientales. Una ciudad o complejo urbano podrá ser calificado de inteligente en la medida que las inversiones que se realicen en capital humano (educación permanente, enseñanza inicial, enseñanza media y superior, educación de adultos…), en aspectos sociales, en infraestructuras de energía (electricidad, gas), tecnologías de comunicación (electrónica, Internet) e infraestructuras de transporte, contemplen y promuevan una calidad de vida elevada, un desarrollo económico-ambiental durable y sostenible, una gobernanza participativa, una gestión prudente y reflexiva de los recursos naturales, y un buen aprovechamiento del tiempo de los ciudadanos.

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2.2. URBANISMO, VIVIENDA Y MOVILIDAD

En UPyD consideramos fundamental reordenar el sistema competencial vigente en materia urbanística que recae casi de forma exclusiva en CCAA y Ayuntamientos, fomentando la dispersión del régimen del suelo en 17 sistemas distintos, con gran confusión normativa. El Estado dispone de competencias mínimas. Entre las reformas constitucionales que consideramos ineludibles está la devolución al Estado de la gestión del territorio. La Ley del Suelo nacional debe abarcar mayor número de materias y garantizar una estructura de la gestión y un mercado del suelo mínimamente homogéneos. Por otra parte, no se puede obviar el papel fundamental que juegan en la ordenación del territorio CCAA y Ayuntamientos, pues no es posible lo que algunos han denominado “urbanismo de mando a distancia”, ajeno a las circunstancias del territorio. Es preciso abordar una mayor eficacia del sistema de gestión y de disciplina urbanística, especialmente en materia de control y fiscalización, asumiendo el compromiso de no utilizar el urbanismo como vía esencial de financiación de nuestro municipio. Para ello es necesario considerar en todos los instrumentos de planeamiento el concepto de “capacidad de carga del territorio” y las necesidades sociales en materia de vivienda para limitar la clasificación del suelo urbanizable, evitando nuevos desarrollos incompatibles con las infraestructuras existentes. Por ello, UPyD propone:

Planeamiento, modelo de ciudad y disciplina urbanística

• Considerar como eje de la actividad urbanística y residencial municipal, la transformación del interior del municipio frente a la creación de nuevos desarrollos

• Promover una política intensiva de regeneración de los barrios más degradados, cuyo objeto comprenderá la rehabilitación del parque de viviendas, así como la mejora del espacio urbano, en ambos casos con los máximos niveles de eficiencia energética.

• Exigir mediante avales la garantía en la financiación de las infraestructuras previamente a las construcciones para evitar que las urbanizaciones queden sin finalizar en detrimento de los ciudadanos.

• Igualmente, en los polígonos industriales en los que la iniciativa sea pública exigiremos a la administración competente la realización de las infraestructuras previa a las construcciones.

• Proponer actuaciones para la mejora de la conservación del Patrimonio, ya sea histórico, edificado o paisajístico, no promoviendo la descatalogación de elementos protegidos por ninguna causa.

• Desarrollar un Plan Integral Industrial para Utrera, facilitando la implantación de nuevas empresas (especialmente industria de alta cualificación), en el suelo destinado al efecto y reservado previamente en el PGOU vigente.

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• Facilitar el desarrollo de infraestructuras complementarias para el desarrollo del tejido industrial y sector terciario en el municipio vía PGOU, así como actuaciones en sectores concretos (turismo y deportes) con nuevas infraestructuras.

• Incrementar la participación pública y las medidas de acceso a la información urbanística:

• Publicando todos los documentos urbanísticos completos en la páginas web municipal, de forma accesible y manejable por el ciudadano.

• Haciendo posible que la ciudadanía se pronuncie mediante consulta popular vinculante sobre los proyectos importantes (citar si existe el caso), usando para ello el mecanismo de la consulta popular facultativa recogida en la actual Ley de Bases de Régimen Local.

• Garantizando un trámite de información pública, así como su máxima difusión y efectividad, previo a la formalización de convenios urbanísticos. Estos deberán incorporar un estudio económico-financiero en el que se evalúen las plusvalías a generar, así como las formas y plazos en que el ayuntamiento participará de dichas plusvalías.

• Colaborar activamente con la Agencia Tributaria en el control estricto, sistemático y reglado sobre el planeamiento urbanístico y su desarrollo, con el fin de favorecer su capacidad de lucha contra el fraude inmobiliario y la corrupción.

• Limitar los convenios de planeamiento con particulares a aquellos que muestren un importante interés general para Utrera, restringiendo especialmente los que tengan por objeto establecer cesiones urbanísticas y de los que pretendan sustituir las cesiones urbanísticas preceptivas por su equivalente en dinero.

• Garantizar que las plusvalías derivadas de los procesos urbanísticos quedan en manos públicas. Prohibir la venta de estos aprovechamientos urbanísticos y establecer la obligación de dedicarlos a la promoción de vivienda pública o fines equivalentes.

• Reformar la normativa municipal del Ayuntamiento de Utrera para devolver al Secretario y el Interventor sus funciones de fiscalización de la legalidad de las actuaciones municipales, recuperando la figura tradicional de la advertencia de ilegalidad que correspondía al Secretario y al Interventor en sus esferas de actuación y recuperar el efecto paralizador del expediente relativo al gasto, si la fiscalización previa de legalidad es negativa.

Vivienda

Todas las políticas en materia de vivienda deben tener como punto de partida el mandato

constitucional enunciado en el artículo 47 de la CE, que exige a los poderes públicos promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Este cambio de orientación de las políticas de vivienda hace necesaria una nueva concepción de los planes de vivienda. Asimismo hay que apostar decididamente por políticas de apoyo a la vivienda de alquiler, útiles para dar salida al stock de vivienda acumulada y para mejorar los ingresos de los pequeños propietarios, facilitando también la movilidad laboral. Por todo ello, UPyD propone:

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• Cesión en régimen de alquiler preferente y asequible del parque de vivienda pública municipal a las familias desahuciadas en riesgo de exclusión social.

• Desarrollo de un programa de vivienda joven especialmente destinado a este colectivo al objeto de que pueda acceder a la vivienda mediante alquiler gracias a convenios entre el ayuntamiento y los propietarios, asumiendo el primero las garantías y riesgos que faciliten la puesta en el mercado de las viviendas vacías existentes.

• Reorientar las Viviendas de Protección Oficial exclusivamente al mercado de alquiler, fomentando el acceso a la vivienda en alquiler y el incremento del parque público y privado de este tipo de viviendas.

• Estímulo fiscal mediante reducción de las licencias de obras y otras tasas a los promotores privados y a las gestoras de cooperativas para que desarrollen viviendas protegidas de promoción privada en régimen de alquiler.

• Incrementar al máximo de la transparencia y el control periódico en las adjudicaciones de vivienda sometida a algún régimen de protección o provenientes de enajenaciones del patrimonio público del suelo.

• Promover la rehabilitación de viviendas a escala urbana con una perspectiva integral, priorizando la eficiencia energética y la habitabilidad, y que no se circunscriba al centro histórico.

2.3. MEDIO AMBIENTE

La mejora de la calidad ambiental, además de mediante el fomento de prácticas sostenibles desde la educación y la concienciación ciudadana, debe pasar por dos puntos: incentivar las actuaciones por encima de los requisitos legales y sancionar estrictamente su incumplimiento.

Eficiencia energética

• Imponer el uso de energías renovables en la edificación pública municipal y fomento en las privadas tanto en la de nueva planta como en el parque construido, según criterios de eficiencia, mínimo consumo y ahorro energético. En todos ellos, con la excepción de los bienes de interés cultural (BIC), implantarán sistemas de captación de energía solar.

• Establecer un plan de ahorro energético en la administración local, con especial dedicación a los edificios públicos gestionados por el propio Ayuntamiento.

• Implicar al Ayuntamiento de Utrera, de forma clara y expresa en la implantación de nuevas tecnologías que permitan la generación de energía por los vecinos de la ciudad para su propio consumo, facilitando, con su información y fomento las actuaciones posibles y avalando, la financiación de las inversiones necesarias para satisfacer el costo de los proyectos que las justifiquen de forma suficiente, transparente y demostrable, las obras correspondientes.

• Confeccionar un plan integral de mejora de alumbrado público, tanto en eficacia como en eficiencia energética, que incluya la instalación de placas solares para la producción de energía eléctrica en todas las instalaciones nuevas, así como la actualización progresiva de las actuales instalaciones.

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• Combatir la contaminación lumínica en el medio urbano, mediante los reglamentos y ordenanzas necesarios, evitando el derroche energético que provoca una iluminación mal dirigida, mal colocada o excesivamente intensa.

• Adaptar el alumbrado urbano a las necesidades reales, de modo que éste tenga mayor o menor intensidad en función del momento del día. Asimismo, se limitará el uso de rótulos comerciales con elevados niveles de contaminación lumínica.

• Llevar a cabo todas las gestiones necesarias con la empresa distribuidora de electricidad para lareubicación de transformadores en portales y espacios públicos

que conlleven peligro.

2.4. ESPACIOS PÚBLICOS Y MANTENIMIENTO URBANO

• Elaborar, un plan integral de mantenimiento y mobiliario urbano de pavimento y acerado con un cronograma público previamente comunicado a los vecinos, y que incluya a todas las calles de Utrera, y no sólo a ciertas zonas.

• Mejorar la limpieza viaria, tanto en el centro como en todos los barrios, mediante el replanteamiento de los servicios de limpieza, estudio de necesidades y optimización de recursos, así como el incremento de la inspección en la prestación del servicio por los concesionarios.

• Realizar una planificación y gestión de las áreas de juegos infantiles según las recomendaciones de la Unión Europea, dando prioridad a aquellas áreas de gran calado que abarquen todos los tramos de edad y actividades, con cumplimiento estricto de la normativa de Seguridad y Accesibilidad para este tipo de elementos.

• Acondicionar espacios urbanos para diferentes prácticas de deporte, prestando especial atención a lasactividades deportivas en la calle y las jornadas de fomento del deporte y el ejercicio, teniendo en cuenta a colectivos menos habituados al deporte, como discapacitados y mayores.

• Elaboración, articulación y fomento de una red de rutas verdes municipal, que incluya un Plan de recuperación de vías pecuarias y su conversión o transformación en caminos por donde poder pasear, andar en bici, hacer senderismo, con la consiguiente adecuación, recuperación y señalización de los mismos.

• Diseñar un plan integral de arbolado y ajardinamiento, con especies adaptadas a cada tipo de entorno y espacio, que contempla la puesta en marcha de nuestra iniciativa

“Plan de Gestión del Arbolado Urbano”, un completo compendio de medidas para preservar los árboles de nuestra ciudad, estableciendo un catálogo informatizado de los mismos. Este plan, también incluye el fomento de actividades relacionadas con el patrimonio arbóreo de Utrera, su catalogación, divulgación y protección, que pasa por la vigilancia rutinaria de las distintas especies locales, para asegurar su correcto estado de salud y evitar roturas o caídas que produzcan daños materiales y personales.

• Rehabilitación de parques y jardines, con un objetivo claro: la recuperación de un espacio deteriorado. Encontramos en multitud de ocasiones recintos verdes y parques de recreo que no cumplen la función para la que fueron creados, que es la de servir de

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espacio de ocio para los ciudadanos. Es en estos casos en los que un proyecto de rehabilitación es indispensable para que las personas que viven en la zona vuelvan a disfrutar de un espacio que, de otra manera, sucumbe al abandono y pierde utilidad.

• Transformación del parque de Consolación en un Jardín Botánico Municipal. Los jardines botánicos son, instituciones habilitadas con el objetivo de estudio, conservación y divulgación de la diversidad vegetal, de modo que exhiben colecciones científicas de plantas vivas con finalidad divulgativa y pedagógica.

• Instalar sistemas y elementos (zonas de sombra, cubrimientos, etc.), que hagan más agradables enclaves comerciales y lúdicos (centro peatonal, parques infantiles, plazas, etc) con el fin de promover el comercio y el paseo en época estival.

• Impulsar el establecimiento de un Programa de Ayudas a proyectos ambientales.

Protección de los Animales

• Crear parques urbanos para perros, vallados, para que puedan prescindir del correaje y correr en libertad.

• Prohibir la eutanasia de perros y gatos vagabundos sanos, limitando el sacrificio a razones veterinarias cuando los animales por su mal estado de salud deban ser sacrificados.

• Crear un centro de acogida con un servicio municipal de recogida de animales abandonados que sea gestionado por asociaciones animalistas, manteniendo el Ayuntamiento sus competencias en materia zoosanitaria y licencias.

• Proceder a la castración obligatoria para todos los animales que entregue en adopción el centro de acogida municipal, evitándose a corto y medio plazo las camadas no deseadas y su abandono.

• Llevar a cabo un programa de castración y el seguimiento de las colonias de gatos

existentes en la ciudad para controlar su número y las posibles enfermedades.

Ruidos

• Aplicar máxima exigencia en la vigilancia y control del cumplimiento de la normativa en materia de ruidos.

• Puesta en marcha de un mapa de ruidos que permita realizar actuaciones encaminadas a la disminución de los mismos.

• Creación de un número de teléfono gratuito directo para que de manera anónima y sin más burocracia, cualquier ciudadano pueda denunciar incumplimiento de la misma.

Residuos

• Realizar una gestión integral de los residuos eficaz, fomentando la clasificación y el reciclaje, y persiguiendo escombreras y vertederos ilegales y recuperando los espacios degradados urbanos o periurbanos, aprovechándolos para usos de ocio o deportivos.

• Promover un mayor uso del punto limpio, mediante campañas de comunicación, e incentivando especialmente su uso por particulares.

• Mejorar la dotación de equipamiento público para la gestión de residuos: contenedores selectivos, papeleras.

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• Adecuación de la colocación de los contenedores de reciclaje en función de las actividades empresariales desarrolladas en cada zona de la ciudad.

• Favorecer la implantación de la industria del reciclaje adaptada a las necesidades de gestión de las empresas presentes en los polígonos industriales.

Agua

UPyD considera el servicio de abastecimiento y saneamiento de agua como público y vinculado a los derechos humanos, en línea con la declaración de Naciones Unidas y con la primera iniciativa ciudadana promovida en la UE, fuera de la lógica del mercado y ajeno a criterios y prioridades de negocio privado. Defendemos un modelo degestión pública del agua, sin ánimo de lucro, que desde una perspectiva socio-ecológica respete los derechos de los ciudadanos como servicio de interés general.

Por tanto UPyD apuesta por la gestión pública del servicio del ciclo urbano municipal del agua en Utrera, con la colaboración con la empresa privada en las áreas auxiliares. En relación con todo lo anterior, UPyD propone:

• Blindar la gestión pública del servicio.

• Garantizar la absoluta despolitización de la empresa pública del agua, sin cargos políticos de dirección ni representación, así como su gestión con criterios empresariales y profesionales de eficiencia y calidad de servicio, incluyendo la subcontratación al sector privado de aquellas tareas especializadas que puedan ser abordadas en mejores condiciones y evitando la carga de personal y costes fijos de estructura más allá de lo estrictamente necesario. Esta empresa debe estar sometida a auditorías anuales mediante un sistema de indicadores de buena gestión.

• Prohibir los cortes a familias, asegurando un mínimo de entre 60 y 100 litros por persona y día en caso de impago justificado.

• Mantener la participación de la empresa privada restringida a actividades auxiliares, nunca a la gestión y control del ciclo.

• Garantizar tarifas sostenibles, asegurando que el dinero del agua se reinvierta sólo en este ámbito, en mejora de las infraestructuras.

• Aumentar el control social sobre los recursos, el respeto al medio ambiente, que la gestión del suministro también sea un elemento de creación de empleo.

• Asegurar la limpieza anual de las conducciones y aliviaderos de pluviales, habilitando las taponadas para evitar inundaciones.

• Es imprescindible cambiar el actual paradigma urbanístico, difícilmente viable, de baja densidad edificatoria con máximo consumo de recursos, emisiones contaminantes y alta movilidad.

2.5. MOVILIDAD: TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Nuestro concepto de movilidad urbana gira en torno a la posibilidad de desplazarse por nuestra ciudad de manera accesible y rápida ocasionando el mínimo impacto medioambiental. En relación con esto, proponemos un modelo de movilidad urbana sostenible que beneficie

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progresivamente el uso del transporte público, reduzca el uso del vehículo y de desplazamientos, que propicie el desarrollo de planes de transporte de empresas y reduzca las tarifas en hora punta. Apoyamos el uso de la bicicleta como medio de transporte urbano y otorgamos prioridad absoluta al peatón en el diseño del espacio público. Nuestro partido aboga por la implementación y correcto mantenimiento de los carriles-bici urbanos siempre y cuando éstos respondan a criterios de eficacia, ahorro de tiempo de trayecto, viabilidad presupuestaria e interconexión entre los diferentes carriles. En relación con esto, impulsaremos el establecimiento de estacionamientos en diferentes puntos del municipio. En tanto que la movilidad es de todos y para todos los ciudadanos, la vía pública peatonal debe adaptarse en sus cruces y salidas de garajes a las necesidades de personas discapacitadas. Por ello, resulta primordial y urgente analizar exhaustivamente la remodelación de todas las barreras arquitectónicas que puedan excluir de la movilidad a ciudadanos con discapacidad. Desde UPyD proponemos:

• Promover el transporte urbano colectivo no contaminante y el uso de la bicicleta, dando prioridad absoluta del peatón en el diseño del espacio público.

• La red de transporte público debe ser alternativa verdadera al transporte privado, y solucionar la cobertura necesaria de todos los barrios y pedanías de Utrera. Para ello proponemos crear un servicio de transporte que una a todos los barrios las diferentes zonas de interés del municipio (centro de salud, centro peatonal, centros comerciales, metro…) y las pedanías.

• Impulsar un Plan Director de la Bicicleta en Utrera para desarrollar una serie de actuaciones que permitan contar con la bicicleta como un servicio de transporte más, que tenga en cuenta sus peculiaridades y proteja a sus usuarios, contemplando la creación de carriles bici segregados en contraposición a las “ciclocalles”.

• Desarrollar planes de peatonalización realistas y prácticos, para ganar espacio para los ciudadanos, y que en ningún caso dificulten el acceso del ciudadano a las vías concretas a peatonalizar.

• Prever las necesidades de espacio para aparcamiento y la circulación de automóviles sin que ello sea el condicionante principal del diseño urbano, impulsando la construcción de aparcamientos disuasorios de la circulación.

• Para alcanzar una disminución significativa de la contaminación atmosférica y acústica de la ciudad de Utrera es necesario adoptar medidas graduales tendentes a reducir (disuadir) el tráfico privado en el centro de la ciudad ampliando las áreas peatonales y con mecanismos como la creación de carriles de vehículos de uso compartido, modular el impuesto de vehículos con el elemento volumen.

• Incorporación de Utrera al Consorcio de Transporte Metropolitano de Sevilla; necesario en nuestra localidad para lograr una comunicación de calidad y eficiente con nuestra capital, beneficiando la movilidad y favoreciendo el transporte ecológico y con un bajo coste para los usuarios. Esta es una oportunidad que no se le puede escapar a una Utrera del siglo XXI, que redundará económicamente en el comercio local y atraerá turismo a nuestra ciudad.

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Zona azul: contra su ampliación

La zona azul es un elemento que mejora la circulación y permite una mayor rotación de vehículos en una determinada zona. Pero en Utrera nosotros consideramos que esto sólo es necesario en aquellas zonas eminentemente comerciales, no siendo posible su extensión a zonas mayoritariamente residenciales, por el perjuicio económico a los vecinos que no tienen por qué soportar, y por el efecto de saturación en las calles aledañas que provoca. Por ello, UPyD Utrera plantea:

• Reducción de la zona azul, quedando estrictamente en las zonas céntricas y comerciales de la ciudad; y eliminando las últimas ampliaciones (calle Molares, La Corredera, etc.).

• Adecuación del coste con el servicio, para no convertirla en una herramienta recaudatoria más.

• EL CIUDADANO

3.1. SERVICIOS SOCIALES

Los Ayuntamientos tienen asignada por ley la competencia de la atención social primaria. Desde el convencimiento de que la razón de ser de los Servicios Sociales municipales es garantizar el bienestar de todos los vecinos con independencia de sus características sectoriales, dando cobertura y respuesta a las necesidades de la población, manifestamos nuestro compromiso de facilitar a todos el acceso a cuantos recursos y prestaciones tengan derecho.

UPyD trabajará para que los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Utrera sean próximos al ciudadano,eficaces y de calidad, orientados a la protección y promoción social de las personas y de su medio socio familiar, mediante el desarrollo de programas y apoyos que favorezcan la participación y la integración de grupos y personas para paliar las deficiencias económicas, educativas, sociales, formativas. Asimismo, abogamos por mejorar el bienestar, la integración personal, las limitaciones de autonomía y prevenir situaciones de desigualdad y marginación.

3.2. BIENESTAR SOCIAL

El Bienestar Social en nuestro municipio se construye promoviendo la reinserción social e implementando la detección y evaluación de necesidades y demandas en los distintos ámbitos, familia, menores, violencia, conciliación, discapacidad, dependencia e integración intercultural. El bienestar social debe ser siempre objetivo prioritario del progreso y desarrollo de la sociedad, por eso desde UPyD nos comprometemos a desarrollar medidas encaminadas a mejorar los servicios públicos y las atenciones primarias de las familias, nuestros mayores y los colectivos más desfavorecidos de nuestra sociedad, y para ello, proponemos:

• Exigir al gobierno de la Junta de Andalucía la adecuada financiación de los servicios prestados a través de competencias impropias para poder cubrir y atender las necesidades reales de los vecinos.

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• Acelerar y recortar las demoras en las resoluciones relativas a Ley de Dependencia, lo cual implica un agravio en los casos tratados e impidiendo la autonomía personal que estas ayudas persiguen para con nuestros vecinos.

• Aumentar las medidas de urgencia social, promoviendo la creación de “Bonos

Sociales” desde el Ayuntamiento que palien los daños y carencias que numerosas familias sufren en nuestra ciudad. Estos “Bonos Sociales” deberán desarrollarse con fines a cubrir urgencias sociales inminentes en materia energética, alimentaria o sanitaria.

• Apoyar a las entidades sin ánimo de lucro que luchen desde la legalidad por los intereses de los vecinos en condiciones de urgencia en materia energética, alimentaria, sanitaria o de vivienda, que se han visto sometidas a crecientes recortes

presupuestarios y escasa ayuda económica.

Familia

• Priorizar, a través de los servicios sociales destinados a la Familia, las actuaciones en favor de las familias mono-parentales que se encuentren en situación de desamparo o dificultades sociales y económicasevitando la merma que pudiera ocasionarse en las posibilidades de desarrollo de sus capacidades y oportunidades, en especial, de los menores.

• Promover acciones de formación y de inserción dirigidas a familias en situación de riesgo, con conflictos internos, falta de apego o ajustes defectuosos. Por ello, desde las

instalaciones municipales impulsaremos la creación de escuelas de padres, jornadas en familia, acciones sociales y educativas y jornadas de mediación familiar.

Infancia

Las cifras de pobreza infantil en nuestro país son escandalosas: con 3,5 millones de niños en situación de pobreza o exclusión, España ocupa un lugar indigno en el furgón de cola de la Unión Europea. Suele decirse que con los niños nos jugamos nuestro futuro. Esto es cierto como sociedad. Pero los niños son individuos con derechos reconocidos por la ONU y por la Constitución. No son humanos en acto, no en potencia. Son personas aquí y ahora. La sociedad debe pensar en su futuro, pero antes en el presente de todos los que la componen. Los niños pobres o excluidos ven vulnerados sus derechos. Para su desgracia, ellos no tienen la capacidad de exigirlos, así que nos toca a los adultos hacerlo por ellos. Por su presente y por nuestro futuro, debemos convertir la pobreza infantil en el tema central del debate político en España. Por ello, UPyD propondrá un plan de lucha contra la pobreza infantil en todos los espectros sociales que afecten a nuestros menores, especialmente la alimentación, la educación, la salud y el juego. Desde el Ayuntamiento hay que desarrollar una estrategia deactuación que proteja a los menores en situación de pobreza y asegure que sus necesidades básicas son detectadas y combatidas desde el propio Ayuntamiento. Este plan de lucha contra la pobreza infantil promoverá una mayor atención a los menores mediante una completa y eficaz información y orientación socio-educativa. Asimismo, obligará a fomentar la cooperación en la gestión de los recursos para el apoyo del proceso escolar y educativo de menores, especialmente para quienes se encuentre en situaciones de riesgo o exclusión social.

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Igualdad

En materia de Igualdad, apelamos a poner en valor el art. 9.2 de nuestra Constitución en tanto que es a los poderes públicos a quien corresponde remover las barreras que impidan el ejercicio de las libertades así como promover una igualdad real y efectiva de los ciudadanos. Esta premisa contrasta con la situación de desigualdad que aún detectamos en las ciudadanas de nuestros municipios, víctimas de violencia machista o doméstica así como de discriminación sexista. Más allá de las propuestas que integran el actual programa en materia de Igualdad de sexos, desde la perspectiva social proponemos celebrar la Semana de la Mujer, que integreactividades culturales, laborales, académicas y sociales en torno a la Mujer como vecina y ciudadana de nuestra sociedad, que promueva los valores de igualdad y prevenga la violencia y la discriminación. Sólo con la visibilización y la educación podremos combatir esta injusticia social. Por ello hay que potenciar la presencia de la Mujer en el Ayuntamiento, en sus actividades y en la vida pública de la ciudad.

3. 2. BIENESTAR SOCIAL:

Vecinos y vecinas con discapacidad

En UPyD defendemos que la integración de las personas discapacitadas en todas las esferas de la vida pública no es sólo un deber ético. El conjunto de las personas discapacitadas posee un valor añadido de riqueza, diversidad y pluralidad del que nuestra sociedad no puede prescindir. Apostaremos decididamente por políticas de integración y de desarrollo de la autonomía personal. Hay que integrar la figura del intérprete de lengua de signos española (LSE), así como adaptar al sistema braille los indicadores informativos, en el Ayuntamiento y en los servicios sociales e instalaciones municipales, asegurando la igualdad de acceso a servicios y de oportunidades a nuestros vecinos con necesidades especiales. Asimismo, los sitios web municipales deben adaptarse a los vecinos con discapacidad sensorial asegurando el acceso a la información.

Proponemos la elaboración e implantación de un Plan Estratégico de Atención Integral a familias con miembros dependientes, que amplíe y mejore lo dispuesto en las leyes estatales y en las propias normas autonómicas.

Detectamos la necesidad de revisar y mejorar el Plan Estratégico de Accesibilidad que elimine cuantas barreras arquitectónicas en vías y edificios públicos existen y supervise la urbanización de los nuevos barrios y nuevas zonas del municipio desde la perspectiva de la accesibilidad. Este Plan Estratégico deberá priorizar la formación especializada y continua de los profesionales del Ayuntamiento de Utrera que intervienen en el diseño, gestión y puesta en marcha de las actividades culturales, deportivas y de ocio y tiempo libre sobre las características y sistemas de accesibilidad de las personas con discapacidad. Promoveremos el acceso a una vivienda digna y adaptada a las necesidades de todos los discapacitados.

Vecinos y vecinas inmigrantes

En lo que concierne a los vecinos inmigrantes en nuestro municipio, consideramos que deben gozar de la misma igualdad de derechos y obligaciones que el resto de ciudadanos dentro del cumplimiento de la legislación vigente y apostando por una integración social integral. Según las competencias transferidas, el gobierno local tiene la obligación de la

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ejecución de las políticas de inmigración a través de la acreditación del arraigo para la integración social de inmigrantes, así como la acreditación de la adecuación de la vivienda para el reagrupamiento familiar de inmigrantes. Conseguir la integración social de los inmigrantes de nuestro municipio debe ser un proceso bidireccional en el que necesariamente se involucren tanto la Administración local como los propios inmigrantes, sentando las bases de una convivencia que sepa aprovechar la riqueza en la suma de toda la diversidad que nos aporta la llegada de nuevos vecinos y vecinas. Utrera se caracteriza por una ciudadanía cada vez más diversa en lo social, cultural y étnico. Por ello, en tanto que todos estos valores forman parte ya de nuestra sociedad de vecinos, nos esforzaremos en combatir cualquier tipo de discriminación sobre los vecinos inmigrantes que afecte a su integridad y honor así como a la buena convivencia que desde el Ayuntamiento se debe promover. Fomentaremos la creación de redes de apoyo social a inmigrantes que promuevan la sensibilización social contra el racismo y la xenofobia. En especial, trabajar por la integración escolar de menores inmigrantes y de sus familias en el proceso educativo en coordinación con la Junta de Andalucía. Favoreceremos el apoyo técnico desde el Ayuntamiento para la consolidación del movimiento asociativo de inmigrantes mediante mesas de trabajo, espacios de participación ciudadana e impulso de las actividades en materia de inmigración e interculturalidad.

Educación

“La alfabetización, y por consiguiente, toda la tarea de educar sólo es auténticamente humanista en la medida en que procure la integración del individuo a su realidad…; en la medida en que le pierda el miedo a la libertad; en la medida en que pueda crear en el educando un proceso de recreación, de búsqueda, de independencia y, a la vez, de solidaridad“

Paulo Freire.

Educación desde el municipio

Conscientes de que la competencia en Educación corresponde al Estado y a la Comunidad Autónoma, reconocemos que los Ayuntamientos realizan una importante función en el desarrollo de la misma, prestando una asistencia relevante en diversos ámbitos educativos y aprovechando su mayor proximidad a los ciudadanos. Sin embargo, el desarrollo de medidas y acciones en materia de educación por parte de los Ayuntamientos, con frecuencia, depende de las oportunas subvenciones proporcionadas por las Administraciones educativas. Desde UPyD consideramos que los Ayuntamientos deben recibir un importante impulso político y presupuestario en el proceso de descentralización de la gestión de la Educación, para poder prestar el servicio público educativo, de forma eficaz y adecuada a las necesidades y demandas de los vecinos. Reivindicamos que la competencia en materia de Educación sea estatal, aunque no por ello negamos una gestión de recursos descentralizada y desconcentrada. Dos de los principales objetivos que el Ayuntamiento debe combatir son el aumento del absentismo y el fracaso escolar. Estos indicadores reflejan la exclusión social y el desamparo al que se encuentran expuestos niños y jóvenes así como implica poca participación en sus centros escolares. Uno de los principales objetivos a los que Utrera debe aspirar desde la Educación es a la igualdad de oportunidades mediante el fortalecimiento de la red pública de la Educación

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infantil, primaria y secundaria. Resulta incuestionable apoyar a los menores con necesidades educativas especiales siguiendo un modelo flexible que se adecue a éstas, adoptando como opción preferente su integración en los centros y grupos de los que formen parte. Asimismo, desde el consistorio se debe reducir la brecha digital, facilitando el acceso en condiciones de igualdad a las nuevas tecnologías. Por todo ello, UPyD propone:

• Una gestión más transparente, participativa y efectiva de la cesión de suelo municipal para satisfacer la construcción de nuevos centros de educación infantil y primaria e institutos de educación secundaria en aquellos barrios donde se precisa de una mayor inversión en infraestructuras.

• Dotar de mejores instalaciones deportivas, culturales y lúdicas a los centros de educación infantil y primaria así como a los institutos de educación secundaria que así lo precisen por la antigüedad de sus instalaciones.

• Crear una unidad específica de mantenimiento de instalaciones escolares para las escuelas infantiles y colegios, prestando especial atención a lo referente a la climatización de las aulas, servicios de comedor, aula matinal, y auxiliares en infantil, especialmente de infantil de tres años. Optimizar el cumplimiento de las obligaciones municipales de reparación, mantenimiento, limpieza y vigilancia de los centros públicos de los niveles obligatorios de la educación.

• Mejorar, adecuar y mantener las infraestructuras aledañas a los centros educativos, como son calzadas bien asfaltadas y adecuada señalización

• Elaborar un plan director municipal de Educación en Igualdad que fomente los valores cívicos, eduque en la igualdad de mujeres y hombres, en la igualdad de oportunidades, luche contra la LGTBIfobia y denuncie y prevenga la violencia machista o doméstica.

• Plan de Apertura de los centros escolares en horario no escolar y durante todo el año con el objetivo de que el centro escolar se convierta en generador de actividades durante los períodos vacacionales y fines de semana.

• Implantación de un programa en verano, de apoyo y refuerzo, dirigido a niños en riesgo de exclusión social.

• Crear una Mesa Municipal en coordinación con la dirección de los Centro educativos y las A.M.P.As encaminada a la prevención y solución del absentismo escolar, coordinando todos los medios y personal necesarios.

• Promocionar la presencia y visitas de profesionales de distintas áreas para la exposición a los alumnos de bachillerato de sus actividades, con charlas y talleres al objeto de facilitar la lección profesional y laboral a desarrollar en su futuro.

• Promover y hacer efectivo el derecho y obligación del Gobierno Municipal de Fomentar la creación y participación en campamentos escolares de verano.

• Dotar y facilitar la Enseñanza Especial, Artes Plásticas, Arte Dramático, etc., de los recursos necesariospara ejercer como centros públicos.

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• Impulsar la educación emocional, encaminada a conseguir el bienestar emocional que influye decisivamente en el progreso académico, proporcionando formación a los docentes en este ámbito.

• Implantar un programa de Alfabetización digital especialmente dirigido a personas adultas e inmigrantes. Dentro de los objetivos específicos se encuentra el de dar elementos para el desarrollo de competencias básicas que les permita a los participantes de los talleres obtener información, realizar trámites, comunicarse y participar a través de la red, en otras palabras, poder ser parte de la sociedad actual,

inmersa en un entorno digital predominante fuertemente vinculado al conocimiento y la información.

Juventud

Asimismo, UPyD considera que los jóvenes somos y son protagonistas de los cambios y políticas que afectan y benefician a nuestra sociedad. Como partido nunca hemos creído en las juventudes políticas, pues la participación de los jóvenes ha sido efectiva desde un primer momento en igualdad de condiciones a los adultos. El derecho a sufragio pasivo y activo así lo evidencian. Desde el Ayuntamiento se debe promover la participación de los jóvenes en los problemas y necesidades de la ciudad así como también en sus deberes y responsabilidades como ciudadanos. Desde el Ayuntamiento, UPyD promoverá:

• Fomentar la igualdad de oportunidades y no discriminación entre la juventud a través de los institutos de educación secundaria, impulsando los valores basados en el respeto a la diferencia y la convivencia, en la lucha contra el racismo y el sexismo. Promoviendo campañas de lucha contra la violencia machista y doméstica, contra la drogadicción, a favor de la salud y orientación sexual, de la alimentación saludable y el ejercicio físico y de la integración social.

• Facilitar su participación en la vida social, económica y cultural del Municipio, favoreciendo la autonomía personal y la inserción social de la juventud.

• El acceso a la vivienda, propiciando la emancipación de la población juvenil a través de iniciativas que mejoren el empleo así como de programas de alquiler específicos, incluyendo subvenciones, creación un parque permanente de viviendas públicas en alquiler para la promoción de suelos públicos, incluidos los de uso estatal y titularidad privada. En este sentido, apoyaremos las cooperativas de viviendas para jóvenes.

• El acceso al empleo y su mejora, rehuyendo de la precariedad y temporalidad, por medio de la puesta en común y en valor de la red de viveros o incubadoras de empresas existentes y el desarrollo de planes de formación especializada y sectorial durante el período de desempleo.

• El acceso al transporte público a través de bonos jóvenes que se adecuen a las necesidades de la juventud y sean de uso real y efectivo para su movilidad urbana en su jornada diaria.

• Promover jornadas y talleres para motivarlos en el estudio y orientación en la elección de profesiones y/o carreras universitarias.

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• Promover descuentos especiales para estudiantes mayores de 16 años con el comercio, la hostelería y la restauración del municipio, con incentivos y beneficios sociales para los establecimientos adheridos.

• Fomentar “talleres de ocio” (teatro, música, danza, literatura, etc.), utilizando instalaciones municipales promoviendo actuaciones de los alumnos los fines de semana.

• Promover un Centro de la Juventud, autogestionado, en el cual se puedan desarrollar las actividades que demandan nuestros jóvenes como promoción de conciertos,

exposiciones, talleres, etc.

Mayores

A lo largo de la historia se ha podido constatar que numerosas culturas han otorgado a las personas mayores papeles socialmente relevantes e importantes. Normalmente, se constituían unos consejos de ancianos o de sabios, que desarrollaban una actividad de primer orden, aportando a su comunidad propuestas y soluciones, teniendo en cuenta la larga y dilatada vida llena de experiencias y conocimientos. Es por ello, que UPyD quiere devolver ese lugar relevante a nuestros mayores, y para eso, proponemos:

• Propiciar la creación de una Asamblea de mayores, que se reúna periódicamente y cuantas veces considere oportuna, donde se pueda debatir sobre diversas cuestiones, generando sus propias propuestas.

• Pondremos en marcha talleres de oficio impartidos por personas jubiladas, en los que poder transmitir su experiencia y sus conocimientos.

• Elaboraremos un Censo de Personas Mayores actualizado que viven solas, en colaboración con los centros de salud, para evitar situaciones de peligro, y se procurará su incorporación a un servicio de tele-asistencia.

• Pondremos una especial atención hacia las personas mayores con pre-dependencia, con los que se realizarán talleres de pre-dependencia.

• Las personas mayores en situación de dependencia seguirán contando con ayuda a domicilio.

• Impulsaremos un plan de acción sobre la salud de las personas mayores incluido el envejecimiento activo y saludable.

• Impulsar la creación de una Residencia Municipal de Mayores y una red de pisos

3.4. BIENESTAR SOCIAL: Protección de Consumidores

La protección del consumidor abarca desde áreas como la prevención, la formación y la información de la ciudadanía acerca de sus derechos hasta el establecimiento de mecanismos adecuados para la resolución de conflictos. UPyD impulsará políticas de promoción y protección de los derechos de los consumidores dando especial importancia a la salud del consumidor, así planteará programas que ayuden a la coordinación entre las distintas

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administraciones para agilizar las intervenciones y evitar duplicidades innecesarias. Entre las medidas a adoptar consideramos prioritarias:

• El establecimiento de un servicio de información y educación de los consumidores, de acuerdo con las necesidades de Utrera, pudiéndose contar para tal fin con la colaboración de las organizaciones o asociaciones de consumidores y usuarios, tal y como establece la Ley Andaluza.

• El fomento, divulgación y, en su caso, gestión del sistema arbitral de consumo entre usuarios y empresas de la localidad.

• Realización de un programa de actividades en materia de Consumo, que permita a la ciudadanía una aproximación a esta materia a través de charlas en centros educativos, asociaciones, etc.

Servicios Digitales de Información

Las acciones enmarcadas en esta área pretenden dar un impulso al desarrollo y a la implantación de la Sociedad de la Información en nuestros ayuntamientos para mejorar la prestación de los servicios públicos electrónicos destinados al ciudadano y las empresas, mediante el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. El modelo de relación del ciudadano y la administración ahora mismo ha de ser revisado desde la óptica de:

• La universalización de Internet.

• El fenómeno de las redes sociales y la web 2.0.

• La demanda de información abierta y administración transparente: open-government y open-data.

• El momento de la administración electrónica y la Agenda Digital de Europa.

El contexto actual es la Agenda Digital Europea y el Plan de Acción sobre Administración Electrónica 2011-2015. Por ello, el principal objetivo ha de ser conseguir una administración electrónica plenamente desarrollada en el ámbito local, teniendo como principal objetivo la promoción e implantación de la Sociedad de la Información en el Ayuntamiento, propiciando:

• Llevar a cabo actuaciones de formación y desarrollo de servicios digitales o de soluciones de administración electrónica entre otras.

• Avanzar hacia la Ciudad Digital, basándose en redes de telecomunicaciones a alta

• Utilización de los recursos que las administraciones de carácter supramunicipal, regional o nacional ponen a disposición de los Ayuntamientos (por ejemplo el MOAD 2.0 – Modelo de Ayuntamiento Digital – de la Junta de Andalucía).

• Desarrollo e impulso por el Ayuntamiento, en el marco de la Estrategia Europa 2000, del potencial de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), favoreciendo la innovación, el crecimiento económico y el progreso. Esto se traducirá en el compromiso de impulsar la instalación de redes ultrarrápidas y 4G, potenciar la alfabetización mediática en el entorno digital (promoción de la accesibilidad electrónica), favorecer el empleo en el sector de las TIC, etc.

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• Impulso de la economía digital y colaborativa para que los ciudadanos puedan compartir recursos privados y comunitarios (vehículos, viviendas, ropa, crowdfunding,

comida, etc).

Seguridad

UPyD destaca y valora la labor llevada a cabo por los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, indistintamente de su nivel de actuación o competencia. Por ello, trabajaremos siempre por el reconocimiento público de su trabajo. La seguridad es uno de los ejes del bienestar social y convivencia, por lo que es imprescindible vertebrar un modelo eficiente de gestión de la Policía Local, Bomberos y Protección Civil, así como la coordinación con otros cuerpos: Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Autonómica.

En UPyD percibimos la necesidad de un nuevo modelo de gestión para reorganizar la Policía Local (con unidades especializadas) y ampliar los medios técnicos y humanos a medio y largo plazo, aumentando la presencia de agentes en las calles y la efectividad policial. Por ello proponemos:

• Desde la perspectiva municipal, apostaremos por la calidad del servicio de Policía Local adaptando el número de agentes a la población de la ciudad en relación con los barrios, potenciando su formación continua y mejorando la coordinación con el resto de Fuerzas de Seguridad del Estado.

• Se reforzará el presupuesto, material y estrategia de nuestra Policía Local en la lucha contra la violencia machista y doméstica, lacra de nuestra sociedad contra la que el Ayuntamiento debe liderar su lucha desde los efectivos y agentes públicos.

• Demandaremos el regreso de la Policía Nacional, mejorando con ello la seguridad en nuestro municipio, y facilitando los trámites de renovación de D.N.I. y pasaportes, ambas competencias de este cuerpo de seguridad.

• Igualmente, fomentaremos la labor de los servicios sociales municipales hacia las mujeres que se encuentren en situación de explotación sexual, incrementando de forma paralela la colaboración, con el resto de Fuerzas de Seguridad del Estado, en la persecución de las redes de prostitución y sancionando cualquier tipo de conducta o acto que menoscabe la dignidad e integridad física o moral de las mujeres.

• Impulsaremos la vigilancia en los parques públicos con una Patrulla Verde que atienda estos lugares de esparcimiento y convivencia.

• Potenciar cursos de formación específica y perfeccionamiento impartidos a los agente del cuerpo de Policía Local, con la cooperación y aportación de los representantes de policías.

• Promover la coordinación de programas con los centros educativos, los servicios sociales municipales y los vecinos, para la prevención de la delincuencia juvenil, el respeto al medio ambiente, al patrimonio y la seguridad vial.

• Potenciar la Junta Local de Seguridad como instrumento de coordinación entre los distintos cuerpos policiales (Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local) y asegurar una mejor cobertura en la atención al ciudadano.

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• Potenciar la imagen de la Policía Local, Bomberos, Protección Civil, como agentes al servicio del ciudadano,publicitando sus acciones ante la opinión pública.

• Revisar y actualizar los Planes de Emergencia y favorecer las actuaciones prevención coordinadas con todos los agentes intervinientes.

I.V. SOCIEDAD DE VECINOS

4.1. ARTE Y CULTURA

UPyD considera que la Cultura es uno de los instrumentos de inclusión y cohesión social más poderosos con los que puede contar un municipio, por lo que promoveremos una política cultural participativa y consciente de las necesidades sociales que nuestra ciudad presente. Proponemos una política cultural que desde el punto de vista económico analice la relación gasto-beneficio de las actividades que realiza el Ayuntamiento, tal y como sí existe en otras ciudades europeas. De tal manera que con respecto a gastos elevados en el presupuesto no existen datos reales sobre el retorno que tal actividad ha generado en el ciudadano, o qué impresiones ha dejado en la ciudadanía. Consideramos como bien y recurso imprescindible para el municipio el desarrollo de una verdadera política cultural que destaque la diversidad y la creatividad, imprescindibles para la ciencia, la técnica y el propio perfeccionamiento social.

Nuestro partido apuesta por las industrias culturales como motores de desarrollo y crecimiento económico y social, muy especialmente en el ámbito local, en tanto que la ciudad es el foro en el que los ciudadanos pueden acceder con mayor facilidad al Arte y a la Cultura. Resaltamos la necesidad de una política cultural que valore la figura de la industria cultural y el patrimonio local como fuente generadora de empleo a la par que vinculada indiscutiblemente con otros sectores como el Turismo o la Educación. El Ayuntamiento debe acercar la Cultura a la ciudadanía a través de los espacios públicos municipales. Por ello hay que garantizar la cercanía de las instalaciones y actividades culturales a los barrios, aproximando el acceso de los ciudadanos a la Cultura así como fomentando la integración social de todos los grupos socioculturales presentes en Utrera. Apostamos por mantener la gratuidad en los accesos a los servicios culturales municipales y potenciar el uso vecinal de las instalaciones municipales. La política cultural del municipio debe integrar proyectos educativos que fomenten los valores cívicos y de convivencia característicos de nuestra sociedad. Para ello, UPyD propone:

• Desarrollar y potenciar las escuelas y talleres especializados en diferentes artes como la Música, el Teatro o la Danza para niños y jóvenes.

• Transformación en un Centro Cívico de la Cultura y las Artes, de algunos de los edificios municipales que se encuentren en desuso, o deficientemente usados, como por ejemplo la Estación de Autobuses o la Plaza de Abastos.

• Promover el acceso universal a la lectura mediante campañas de incentivación a nivel de barrios, utilizando para ello la biblioteca municipal. En este sentido, hay que

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aumentar los recursos destinados a la infraestructura bibliotecaria: fondo documental, accesos a internet, ampliación de horarios y salas de lectura o estudio, entre otros.

• Asimismo, UPyD considera indispensable estrechar vínculos entre creadores y gestores con representación de todos los sectores implicados, eliminando el clientelismo y la dependencia que suponen las subvenciones, acordando con todos los agentes culturales las que se concedan, apoyando especialmente a las pequeñas

asociaciones culturales en su concesión.

Patrimonio cultural y natural

Utrera cuenta con un patrimonio natural privilegiado ausente en las poblaciones aledañas, como es el Complejo endorréico y la laguna de Zarracatín, que convierten a nuestro municipio en un paraje incomparable, unido a sus tradiciones históricas que nos han dejado emblemáticos vestigios materiales y sendas expresivas de una cultural singular y distintiva en la comarca. El ensalzamiento, revalorización, protección, promoción y divulgación de nuestro patrimonio cultural que reúne esa riqueza natural, tradicional, histórica y monumental es un objetivo prioritario y transversal que ilumina nuestro proyecto de UPyD en Utrera, para convertir nuestro municipio en un referente turístico y cultural a nivel nacional.

4.2. DEPORTE

El deporte es un valor cívico.

Desde esta premisa, consideramos la práctica del deporte como una actividad fundamental, tanto para la educación integral y la adquisición de valores y pautas de convivencia imprescindibles en una sociedad democrática y de hábitos saludables, como para el disfrute del ocio de todos los ciudadanos. La gran variedad de deportes estandarizados y la posibilidad de graduación de los esfuerzos físicos dentro de cada uno, permite que cualquier tipo de persona, independientemente de su edad, sexo o estado físico, pueda ejercitar alguno o varios de ellos. En Utrera practican deporte muchísimas personas, bien en equipo o de forma individual, y consideramos una obligación municipal velar porque esa actividad deportiva se desarrolle en condiciones de igualdad de oportunidad, accesibilidad, calidad, garantía y seguridad. UPyD rehúye de inversiones desproporcionales en eventos o instalaciones deportivas que desvirtúen el valor del deporte en nuestra ciudad en tanto que pudieran causar endeudamiento. Por ello, proponemos,

• La realización periódica de auditorías que evalúen el nivel de transparencia, eficiencia y accesibilidad de los ciudadanos a las instalaciones deportivas públicas.

• De igual forma, consideramos que es vital la promoción y el fortalecimiento del tejido asociativo deportivo y los clubes de barrio como eje del desarrollo, promoción y práctica del deporte entre los vecinos, como alternativa de ocio saludable.

• La elaboración de un plan director del Deporte en Utrera, con la participación e implicación de todos los agentes públicos y privados que intervienen en la práctica deportiva, la actividad física y el ocio recreativo deportivo, con el objetivo prioritario de promocionar políticas deportivas efectivas.

• La realización de un análisis exhaustivo de las dotaciones de infraestructuras deportivas en todo el municipio, para subsanar las deficiencias que se determinen en

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los diferentes barrios y en especial la puesta en marcha de un plan de sostenibilidad y ahorro energético en todas las instalaciones públicas deportivas del municipio.

• Proponemos la integración de circuitos y áreas de ejercicio físico en Utrera. Fomentar circuitos cardiovasculares en todos los parques y jardines de nuestra localidad y en cualquier caso, la adecuación y adaptación de todas las instalaciones deportivas municipales para la práctica del deporte por parte de los ciudadanos con discapacidad.

• Aumentar los horarios de las instalaciones deportivas, en horario nocturno y también fines de semana.

• Acuerdos con las asociaciones y equipos deportivos para el uso de las instalaciones municipales y ayudas a su actividad deportiva, con especial apoyo a deportes

minoritarios.

4.3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El tema de la participación ciudadana constituye en la actualidad el objeto de uno de los debates centrales en el ámbito del gobierno local, y posiblemente el detonante de esa preocupación ha sido la reducción casi generalizada en el contexto europeo de la participación electoral de los ciudadanos, que se considera como una manifestación de su desapego o hastío por los asuntos públicos, replegándose a la esfera de sus intereses personales y privados. Pero esto no significa que se haya producido una derrota de la acción colectiva a manos del individualismo, pues la vida asociativa está más bien en fase expansiva y la desconfianza de los ciudadanos hacia la política refleja una mayor propensión a exigir cuentas a los poderes públicos. Este planteamiento conduce a una primera conclusión, que es la de que la participación de los ciudadanos en la política local no se encuentra en declive, sino sencillamente ha cambiado de forma, y que los ciudadanos están más interesados por formas directas, informales, flexibles y puntuales de participación, y no tanto en compromisos continuos, lo que obliga a los gobiernos locales a adoptar posiciones abiertas y transparentes. Y para que la participación en la vida política se prolongue y consolide, hay que adaptar los procesos de toma de decisión a los deseos de los ciudadanos, utilizando tanto mecanismos de participación indirecta para el ejercicio de los derechos electorales, como la participación directa y la participación a través de las asociaciones. Uno de los primeros actos políticos y normativos importantes referentes a estas cuestiones fue la Recomendación N° R (81) 18 del Comité de Ministros a los Estados miembros, referente a la participación en el nivel municipal. Esta Recomendación, aprobada el 6 de noviembre de 1981, se basaba en una Resolución de la 3ª Conferencia de Ministros europeos responsables de las entidades locales (Estocolmo, 1978) y en las conclusiones de la Conferencia de Madrid (Madrid, 1980). Las líneas directrices anejas a la Recomendación N° R (81) 18 marcaron profundamente la profundización posterior en este terreno. Insisten, entre otros aspectos, en la necesidad de: Intensificar la comunicación entre los ciudadanos y sus representantes electos; Mejorar las posibilidades de participación, en especial de los ciudadanos que tienen más dificultades en participar activamente; Incrementar el influjo de los ciudadanos en la planificación municipal, en las decisiones estratégicas para la entidad local y en sus condiciones de vida; y Favorecer la participación de los residentes

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extranjeros. En esta línea, proponemos: Garantizar el derecho de los ciudadanos a tener acceso a una información clara y completa y a participar en las decisiones importantes que afecten a su futuro. Buscar nuevas vías dirigidas a reforzar el espíritu de ciudadanía y a promover una cultura de la participación democrática compartida por las comunidades y las autoridades locales.

Descartar las soluciones demasiado rígidas y permitir la experimentación, privilegiando las autorizaciones frente a las prescripciones; prever, en consecuencia, una amplia gama de instrumentos de participación, así como la posibilidad de combinarlos y de adaptar, según los casos, su utilización. Partir de una profunda evaluación de la situación referente a la participación en el nivel local, fijar los hitos apropiados y prever un sistema de seguimiento que permita controlar su evolución, a fin de identificar las causas de las tendencias positivas o negativas en la participación de los ciudadanos y medir el impacto de los mecanismos adoptados. Hacer posible los intercambios de información sobre las mejores prácticas de participación entre los ciudadanos de un mismo país y los de diferentes países, sostener el aprendizaje recíproco de las entidades locales sobre la eficacia de los diversos métodos de participación y garantizar que el público sea informado plenamente de toda la gama de oportunidades disponible. Conceder una atención especial a la situación de las clases de ciudadanos que se enfrentan a las mayores dificultades para participar activamente o que, de facto, quedan al margen de la vida pública local. Reconocer la importancia de una representación equitativa de las mujeres en la política local. Promover por los medios apropiados, incluida la elaboración de códigos de conducta, la adopción por los electos locales y las Administraciones locales de comportamientos adecuados a normas éticas elevadas, y velar por el respeto a esas normas.

Con estas premisas podemos establecer las siguientes medidas:

*Publicación de los órdenes del día de las sesiones del Pleno; inclusión en esas sesiones de turno de preguntas y respuestas de los ciudadanos; publicación de las actas de las sesiones y de los acuerdos.

*Garantizar y favorecer el acceso de cualquier ciudadano a las informaciones referentes a los asuntos locales (creación de oficinas de información, de centros de información, de centros de documentación y de bases de datos accesibles al público, utilización de las tecnologías de la información, simplificación de trámites administrativos y reducción de los gastos de obtención de copias de documentos; etc.).

*Garantizar una información adecuada sobre las estructuras administrativas y sus organigramas, e informar a los ciudadanos que están directamente afectados por un procedimiento en curso del estado del mismo y de la identidad de las personas responsables.

*Crear una verdadera democracia de proximidad con la puesta en marcha del “escaño ciudadano”, estimulando la implicación de los ciudadanos en el diseño y la ejecución de los proyectos que afectan directamente a su entorno.

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