UPyD – UTRERA LLEVARÁ AL PRÓXIMO PLENO DEL DÍA 12 UNA MOCIÓN A FAVOR DE LA DACIÓN EN PAGO .
Desde Unión Progreso y Democracia de Utrera
vemos con creciente preocupación como la grave situación económica por la que
atraviesa nuestro país ha multiplicado las situaciones de especial
vulnerabilidad de muchos ciudadanos, de las cuales una de las más graves es la
de quienes sufren la ejecución de la hipoteca sobre su vivienda; ya que
actualmente, a diferencia de las empresas y sociedades, las personas no pueden
liberarse de sus deudas con las entidades bancarias entregándoles los bienes de
los que son titulares, como la vivienda hipotecada, sino que se ven obligadas a
pagar el resto de su deuda hipotecaria con cualquier ingreso o bien futuro que adquieran
tras perder su casa. Esta situación comporta una grave discriminación para los
ciudadanos individuales, indefensos ante consecuencias de la crisis económica tales
como la pérdida del empleo y el descenso del valor de mercado de su propiedad (pero
no de su deuda hipotecaria), teniendo en cuenta que, para la gran mayoría de
las familias, la vivienda es la mayor inversión de su vida y a la que dedican
la mayor parte de sus ingresos y ahorros.
El incremento del desempleo como
consecuencia de ésta crisis es la causa de que muchas familias no puedan hacer
frente a las obligaciones de una hipoteca bancaria sobre un bien, su casa, que
en muchos casos tiene en la actualidad un valor de mercado menor que el de la
adquisición. Además, la legislación vigente en materia hipotecaria concede al
acreedor una evidente posición de ventaja al tolerar la manipulación del precio
de mercado de la vivienda con diferentes argucias, lo que ha conllevado un
aumento de los desahucios por ejecución de hipoteca sin que la deuda de ésta
quede amortizada; ello reduce las oportunidades de recuperación económica,
profesional y laboral del deudor, con graves consecuencias en todos los órdenes
personales, pero afecta también a la recuperación económica del país y a su
cohesión social. Por ésta razón, en un Estado de Derecho, las acciones
políticas que se emprendan para hacer frente al problema de los desahucios y a
los derivados de la legislación hipotecaria y concursal en una situación de
crisis causada por una burbuja inmobiliaria y financiera, deberían de ser siempre
respetuosas con el principio de seguridad jurídica.
Los Ayuntamientos son instituciones
particularmente sensibles a las consecuencias del aumento de los desahucios, de
las que son víctimas sus vecinos, y de un sistema bancario, hipotecario y
concursal que no ha tenido en cuenta las posibles consecuencias de una crisis como
la actual, causada en buena medida por una burbuja inmobiliaria que encareció
en su momento el precio de los créditos hipotecarios y que, al estallar,
disminuye drásticamente el valor de mercado de los bienes hipotecados,
generandose así un círculo vicioso de alto endeudamiento familiar y de pérdida
del valor de sus propiedades. Sin embargo, al no contar con las competencias
legislativas ni ejecutivas adecuadas para resolver el origen de este problema
ni con los recursos necesarios para corregir sus consecuencias, corresponde al
Parlamento nacional el exigir modificaciones legales tales como el cambio de la
legislación concursal para evitar que, perdida la casa, penda sobre el deudor
la deuda no cubierta hasta que ésta sea pagada con las rentas de su trabajo
futuro y, para prevenir situaciones futuras similares, una legislación de
dación en pago que permita cancelar la deuda hipotecaria con la entrega de la
vivienda hipotecada.
Ante ésta situación, las principales
medidas que creemos que pueden servir para ayudar a los actuales deudores
hipotecarios son las que detallamos a continuación:
1.- Modificación de la legislación concursal
para establecer el sistema conocido
como "fresh star", de modo que una
vez ejecutado todo el patrimonio embargable del deudor, la deuda restante quede cancelada por decisión judicial sin necesitar
el consentimiento del acreedor.
2.- Establecimiento
de cauces de mediación previos a la
solicitud de concurso o la situación preconcursal, para que el deudor propietario de la vivienda y la entidad financiera
puedan llegar a un acuerdo que le permita a aquél mantener la posesión de la
casa y evite la ejecución de la vivienda. Estos cauces de mediación podrán
ser de competencia municipal.
3.-
Modificación de la legislación
hipotecaría para evitar que el acreedor se apropie de la finca hipotecada por
un precio inferior al de mercado, elevando el porcentaje sobre la tasación
de la escritura que permite al acreedor quedarse con la vivienda si no hubiera
postores en la subasta.
4.-
Facilitar las operaciones de DACION EN
PAGO de la finca hipotecada a la entidad acreedora en los créditos hipotecarios ya celebrados que no la prevén
exonerando al deudor de su obligación de tributar por “incremento patrimonial”
en el IRPF. Es artificioso e injusto gravar unas ganancias
supuestas, en realidad inexistentes, pues el deudor se ve obligado a entregar su vivienda al
acreedor por imposibilidad de hacer frente a los pagos de la hipoteca, en
muchos casos agravados por la aplicación de elevados intereses de demora.
5.- Modificación
de la legislación hipotecaria para establecer la DACION EN PAGO como regla general de extinción de un
crédito hipotecario para la adquisición de la vivienda habitual. A falta de
estipulación expresa en contrario en la escritura de constitución, la
responsabilidad derivada del préstamo hipotecario se entenderá limitada al
valor de la finca hipotecada.
1.- Que proponga en el Congreso de los Diputados la modificación de
2.- Que proponga la modificación de la legislación concursal para instaurar con carácter de urgencia el sistema "fresh star", para que una vez ejecutado todo el patrimonio embargable del deudor hipotecario, la deuda restante quede cancelada por decisión judicial sin necesidad del consentimiento del acreedor.
3.- Que proponga el resto de modificaciones legales necesarias para garantizar la mediación entre el deudor hipotecario y el acreedor que evite el concurso y la perdida de la vivienda, así como aquellas que faciliten la dación en pago aún en créditos hipotecarios que no lo hayan previsto.
4.- Instar al ayuntamiento a mediar en los casos de desahucio en curso en la localidad, apoyando a los vecinos desahuciados que lo soliciten y buscando en cualquier caso la garantía de su derecho constitucional a la vivienda sin menoscabo de la seguridad jurídica.
Grupo Político Municipal de UPyD de Utrera.
