UPyD - UTRERA PRESENTA UNA MOCIÓN PARA LA HOMOGENIZACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE LOS SUELDOS DE LAS CORPORACIONES LOCALES .
Desde el Grupo
Político Municipal del partido Unión Progreso y Democracia de Utrera vemos
como, actualmente, las retribuciones de los alcaldes y de los concejales que
conforman cada Corporación Municipal son fijadas con discrecionalidad y de una
forma arbitraria. Esto ha dado lugar a una falta absoluta de homogenización de
los criterios para establecer los sueldos, así como una falta de
racionalización de los mismos, con retribuciones de los representantes públicos
en la administración local totalmente dispares entre sí y, en muchos casos,
desproporcionadas. De hecho, los diferentes partidos políticos que han ido
alternándose en el poder han realizado numerosos pronunciamientos políticos y
declaraciones de intenciones, lo que ha dado lugar a que en las últimas décadas
hayamos asistido a varios intentos de regulación que, lamentablemente, se han
quedado en eso: intentos, como el recogido en el Anteproyecto de Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, concretamente
en la Disposición Final Quinta, que prevé que las Leyes de Presupuestos
Generales del Estado establecerán cada año el baremo al que habrán de ajustarse
las retribuciones de los medios de los órganos de gobierno de las Entidades
Locales, lo que no tendrá una aplicación efectiva mientras no se modifique la
Ley de Bases de Régimen Local.
Es por eso que,
aunque se trata de un problema no abortado por los gobiernos en las sucesivas
legislaturas, no por ello ha dejado de tener trascendencia pública ni ha estado
exento de polémica, ya que ha aumentado bastante la desconfianza que ya de por
sí se había creado alrededor de las figuras de los alcaldes y concejales, sobre
todo por saltar a la opinión pública casos de corrupción que, si bien no son
generalizados, si existen en un número preocupante. La clara regulación,
transparencia y publicación detallada de las retribuciones totales de los
alcaldes y concejales son una buena herramienta para despejar las dudas que
existen sobre todos ellos y para que los ciudadanos puedan ejercer un control
efectivo sobre sus representantes en las instituciones en vez de alejarlos de
ellas, como lamentablemente ha sucedido. Es más: el artículo 75.1 de la Ley de
Bases de Régimen Local establece claramente que estas retribuciones serán
incompatibles con la percepción “de otras retribuciones con cargo a los
presupuestos de las Administraciones públicas y de los entes, organismos o
empresas de ellas dependientes”; sin embargo, hay alcaldes y concejales que
perciben varios ingresos de la misma o de distintas administraciones.
Además, quienes han
resultado electos para cargos de diputado nacional o autonómico o de senador,
aun rechazando el salario de edil, cobran rentas en concepto de dietas por
asistencia a plenos o a comisiones de gobierno, con la ventaja añadida de que
en ocasiones parte de estos ingresos tienen la consideración de
“indemnizaciones por razón de servicio” y que, por lo tanto, no tributan a
Hacienda. En conclusión, esta falta de regulación debe ser atendida con
inmediatez, no sólo como medida económica, sino como medida tendente a combatir
la desafección de los ciudadanos por la política y a mejorar la calidad de
nuestra democracia. Para ello es necesario que en el ámbito de la
administración local, la estructura y funcionamiento de los ayuntamientos sea
más homogénea y menos dependiente de las decisiones arbitrarias de cada alcalde
o del grupo municipal mayoritario. Un buen comienzo sería homogeneizar los
criterios por los que se fijan las retribuciones de los miembros de las
corporaciones locales, para que se alcance una racionalización y
proporcionalidad de los mismos, en atención a las características propias de
cada municipio, máxime en este momento en el que atravesamos no solo una grave
crisis económica, sino también una no menos importante crisis política,
institucional y de valores.
Por ello, proponemos
que desde el Ayuntamiento de Utrera se inste al Gobierno de la nación a que
modifique la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, de modo que las
retribuciones de los miembros de las corporaciones locales no puedan en ningún
caso superar los límites que se fijen en las leyes de los Presupuestos
Generales del Estado de acuerdo a criterios objetivos (como población, renta
per cápita, presupuesto municipal y situación financiera, número de miembros de
la corporación y tipo de dedicación (exclusiva o parcial), etc.), así como la
utilización de aquellos límites que permitan referenciar los sueldos con
respecto a los que reciben en otras administraciones, para que un alcalde o
concejal no cobre nunca más que un cargo de ámbito autonómico o estatal con
iguales funciones y responsabilidades. También proponemos que se inste a la
creación de un registro público que detalle los sueldos de los cargos locales,
así como las sucesivas modificaciones que puedan realizarse a lo largo de la
legislatura, y que se proponga el resto de modificaciones legales necesarias
para garantizar que los miembros de las corporaciones locales no puedan recibir
remuneración alguna correspondiente al ejercicio de otro cargo o función
pública que ostenten, compatible con la condición de alcalde o concejal, ya sea
electo, de gobierno u otro de cualquier administración pública o de los entes,
organismos y empresas de ella dependientes.
